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Lunes, 20 de Noviembre 2017


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marisa glave e indira huilca Noticia 782090

Escribe: José Romero.- No hace mucho dos congresistas lanzaron un mensaje donde afirmaban que “el Perú era un país de violadores”. Tremenda irresponsabilidad sobre todo sabiendo que estas dos personas son promotoras de prácticas y propuestas aberrantes so pretexto de “libertad y de derechos de minorías”.

No cabe duda que hay casos de abusos contra menores y contra mujeres más eso no quiere decir que sea una práctica generalizada. Basta con que exista un solo caso para preocuparnos, pero ello no implica que alegremente se diga que “todos los hombres son posibles abusadores”.

 

A lo expuesto, sumemos el clima de inseguridad en que vivimos para configurar un cuadro preocupante. Las causas y explicaciones de comportamientos no deben ser motivo para “justificar o amenguar las responsabilidades”. Que una joven de 20 años asesine vilmente a dos personas y que haya tenido una vida complicadísima, ello no debe ser motivo para que dos de los principales programas dominicales intenten “humanizarla” o un abogado “defensor” busque pretextos para amenguar responsabilidades.

Explicar las causas de deterioro social no debe ser motivo para intentar mediatizar el castigo. Basta de explicaciones ingenuas que impliquen proponer que las penas a los delitos cometidos deben buscar la “resocialización” de asesinos y delincuentes de alta peligrosidad. Creo que nadie en su sano juicio creerá que una vil asesina o un “raquetero” que ha asesinado a un joven para robarle un celular podrán reencaminar su vida.

Lamentablemente las leyes protegen a quienes delinquen en detrimento del derecho de las víctimas o sus relacionados. Basta ya¡ Las penas deben ser punitivas y con el objetivo de “sacar de circulación” a asesinos, violadores, integrantes de bandas de extorsionadores y otros viles seres.

Ante ello solo queda que la Sociedad busque protegerse y una de las medidas deberá ser la pena capital para todo aquel que cometa execrables delitos.

Que los sociólogos y otros profesionales vinculados al comportamiento social planteen alternativas para proteger la familia, los valores, la vida y el orden natural. No es posible que los mismos que se rasgan las vestiduras por el clima de inseguridad, sean promotores de minorías que buscan el reconocimiento de prácticas aberrantes o la legalización del “uso recreativo de las drogas”. Es sabido que el consumo de ellas conlleva a la destrucción de los seres humanos y la práctica de comportamientos criminales.

El fin del Estado es la protección del ser humano. A ello deben apuntar las políticas sociales. Basta de intentos asolapados de destrucción de los valores y con ello de la sociedad.

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