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Miércoles, 18 de Julio 2018


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Escribe: Raúl Zavaleta.-

LA TALA ILEGAL: “Seguimos amenazados, tanto la comunidad como las autoridades encargadas de registrar las incidencias. Nuestra vida no está segura. No es suficiente tener título. Necesitamos seguridad porque dentro de nuestro territorio siguen caminando los mismo delincuentes”, comentó Diana Ríos, hace un par de semanas para un periódico local (Exitosa, 20.01.2016).

Ella es hija uno de los cuatro líderes de la comunidad indígena asháninka asentadas en Alto Tamaya-Sawetos, asesinados hace un año por madereros ilegales.

Este lado macabro de la tala ilegal coexiste con otros de mayor complejidad, pues no se trata solamente de “tú te opones a mi negocio ilegal, yo te mato”. El 15 de Enero pasado, el Ministro Cateriano se reunía con William Shannon, consejero político del Secretario de Estado norteamericano, mientras que en Lima el Gobierno cesaba a Rolando Navarro, presidente de OSINFOR, responsable del monitoreo de las concesiones forestales. En el Perú la tasa de ilegalidad en el negocio maderero es del 80% según estimaciones de la ONG gringa Enviroment Invetigation Ambiental. (La República, Ricardo Uceda, 26.01.2015) Navarro venía haciendo una muy buena labor y colaborando eficazmente con el Ministerio Público en la incautación de madera ilegal, en las pocas acciones de fiscalización que han tenido algún resultado positivo. Sucede que es muy difícil realizar esta labor por falta de información adecuada, tanto que la entidad se ve obligada a “deducir” la procedencia de la producción declarada mediante el análisis de las Guías de Transporte Forestal, las que comúnmente encubren tala en zonas no autorizadas o mezclada con una pequeña parte producida en zonas habilitadas formalmente. OSINFOR tiene como misión asegurar la sostenibilidad de los bosques y regular la tala, pero la delimitación geográfica de zonas y concesiones es muy difícil de hacer; la data es casi existente o está desactualizada, sobre todo en la selva. A los inspectores les toma varios días llegar a algún punto específico y comprobar la ilegalidad de la tala, que se hace en zonas no autorizadas.

Sucede también que las empresas que compran madera en USA, pueden establecer una demanda judicial en los fueros norteamericanos, al Gobierno Peruano por inmovilizar y/o incautar cientos o miles de m3 de madera si no se demuestra fehacientemente la ilegal procedencia de la producción intervenida. La falta de información precisa y en el momento oportuno, al parecer motivó la apresurada e inconveniente decisión de cesar a Navarro. La tala ilegal seguirá depredando nuestros bosques y los traficantes de madera ilegal, asesinando a los que se opongan, mientras el Estado está lejos o llega tarde.

La titulación deficiente

LA TITULACIÓN DEFICIENTE: “Las titulaciones han empezado desde el 2012. Hemos denunciado al Gobierno Regional ante el procurador, señalando como responsable al director regional, Teobaldo Agustín García, quién dirige las titulaciones”, declaró en Radio Exitosa el 20 de Enero de este año, Silvia Venegas Arbocó, asesora de la institución que agrupa a los concesionarios de forestación y reforestación de Cerro de Pasco. Argumentan que las autoridades del Gobierno Regional efectúan una actividad de titulación descontrolada, que han titulado a miles de personas que implementarán chacras de hojas de coca, que habrá abuso de agroquímicos como el furadán, que es usado para matar peces en el río; que habrá un inadecuado uso del agua. En suma, la titulación sin planificación y ordenamiento territorial se convierte en depredación y contaminación. 17,000 hectáreas de la Reserva de Biósfera Oxapampa-Asháninka-Yanesha están en grave riesgo de sufrir las consecuencias de la improvisación; esto sin contar los conflictos sociales que inevitablemente se generarán.

En mayo del 2015 se promulgó la Ley N° 30206 que declara de necesidad y utilidad pública la conservación, restauración, mantenimiento y mejores condiciones para el desarrollo sostenible de la Reserva de Biósfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha, en la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, casi 5 años después que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) otorgara su reconocimiento a esta reserva el 2 de junio de 2010. A través de esta norma se reconoce el comité de coordinación de la Reserva de Biósfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha, como uno de gestión sostenida y participativa. Está conformado por un representante del Ministerio del Ambiente, Gobierno Regional de Pasco, la Municipalidad Provincial de Oxapampa, así como las municipalidades distritales de Constitución, Chontabamba, Huancabamba, Palcazú, Pozuzo, Puerto Bermúdez y Villa Rica. También forman parte la Asociación de Nacionalidades Asháninkas del Pichis (ANAP), la Federación de Comunidades Nativas Yánesha (FECONAYA), la Unión de Nacionalidades Asháninkas y Yánesha (UNAY), las cámaras de turismo de la provincia de Oxapampa, las organizaciones de productores agroindustriales de la provincia de Oxapampa y otras entidades o instituciones que acuerde el comité de coordinación.

En esta parte del país la gestión territorial es sumamente compleja, pues además de la difícil pero muy rica geografía, tenemos miles de comunidades indígenas que habitan sus territorios hace cientos de años. Necesitan la legalidad moderna, la que requiere de títulos de propiedad para proteger su hábitat y ayuda para su auto sostenibilidad económica. El gobierno ha planificado la titulación de al menos 500 territorios comunales de la Amazonía, a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya están disponibles los fondos del Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de tierras en el Perú, Tercera etapa, PTRT3”, dotado de 100 millones de dólares, de los cuáles el BID aporta el 50% y el Gobierno del Perú el otro 50%. En nuestro país hay 1,000 comunidades indígenas y 800 comunidades campesinas sin titulación.

Existe una estrecha relación entre la titulación, la competitividad del pequeño agricultor, la legalidad de cualquier actividad forestal en general, la contribución de estas actividades al PBI, la sostenibilidad integral de nuestra biodiversidad, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza rural. Y debe hacerse correcta y oportunamente. La tecnología existente hoy en día lo permite y nuestra realidad lo demanda. El incremente de la red geodésica, el satélite submétrico comprado hace unos meses y la red dorsal de fibra óptica deben mejorar sustancialmente nuestra gestión del territorio y sus recursos. Si el Estado no hace su tarea eficientemente los conflictos, asesinatos, la ilegalidad y las mafias que alimentan la corrupción, seguirán imponiéndose y hasta colocando congresistas, como hasta ahora. La gestión territorial también tiene que ver con la prevención y la planificación inteligente en el uso de nuestras riquezas naturales. Continuará...

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