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Miércoles, 23 de Enero 2019


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lava jato

ANTE LA IMPORTANCIA DE LAS REVELACIONES DE LA COMISIÓN LAVA JATO Y EL SILENCIO DE LA PRENSA  LA ABEJA OFRECERÁ A SUS LECTORES UNA SERIE DE INFORMES (RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN) SIN EMITIR JUICIO ALGUNO NI AÑADIR COMENTARIOS. ASÍ CADA QUIEN LLEGARÁ A SUS PROPIAS CONCLUSIONES. INICIAMOS ESTA SERIE CON LA INFORMACIÓN SOBRE LA  OBRA LINEA 1 TRAMO 1 Y 2 DEL METRO DE LIMA 

El primer tramo del tren eléctrico tuvo una longitud aproximada de 22 Km. El contrato de obra se suscribió por US$ 410’205,001, sin embargó este monto no fue el costo de la obra. El costo estuvo determinado por el presupuesto final de obra, como consecuencia de la aprobación del expediente técnico definitivo, cuya elaboración estuvo a cargo del Consorcio Tren Eléctrico. El presupuesto final de obra, propuesto por el contratista, aprobado por la entidad estatal (MTC-AATE) y con la anuencia del Supervisor de obra, se aprobó en US$ 516’924,420, y se liquidó por US$ 519’127,951, constituyendo éste último el costo final del primer tramo de la Línea 1 del Metro de Lima.

El segundo tramo del tren eléctrico tuvo una longitud aproximada de 12 Km. El contrato de obra se suscribió por US$ 583’480,359, sin embargó, al igual que para el tramo 1, el costo final estuvo determinado por el presupuesto final de obra. El presupuesto final de obra, propuesto por el contratista, aprobado por la entidad estatal (MTC-AATE) y con la anuencia del Supervisor de obra, se aprobó en US$ 900’610,620, y se liquidó por US$ 885’154,813.

Hechos relevantes del Proyecto

1. Creación de un marco normativo especial para la ejecución del proyecto Metro de Lima, estando entre ellos el Decreto de Urgencia N° 032-2009, que estableció una modalidad suis generis para ejecutar una obra pública, bajo la modalidad de concurso oferta a precios unitarios, cuando la norma de contrataciones con el Estado establecía que la modalidad de concurso oferta es a suma alzada.

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Peon

Escribe: Luciano Revoredo.- El pasado 5 de noviembre, este portal presentó un informe de nuestra Unidad de Investigación que involucra al periodista Pedro Salinas Chacaltana a una red internacional que tiene como objetivo principal la ejecución de un pacto llamado “Acuerdo de Varsovia” (https://drive.google.com/file/d/1CCUaw_l3m0RcL4K2AmCnHG5R-3Pp66FM/view?usp=sharing) que se sustenta en un proyecto más grande llamado “The Accountability Project” (https://drive.google.com/file/d/1eiVw86RQccl9R3NAa-euUTTBLUqpVE2B/view?usp=sharing) cuyo fin último es acusar a la Iglesia Católica por crímenes de lesa humanidad frente a la CIDH. Además de este punto, también se informó sobre una reunión que sostuvo dicho periodista con el nuncio apostólico en nuestro país, Monseñor Nicola Girasoli.

Finalmente, también mencionamos que detrás de todo esto estaría como objetivo próximo el desprestigio moral de un alto miembro de las autoridades eclesiales peruanas, respaldado por el congresista independiente y activista gay Alberto de Belaunde.

¿Cuál fue la respuesta de Pedro Salinas? Un post en su página de Facebook en el cual trató de ridiculizar la investigación presentada diciendo: “¿Realmente hay gente que cree que soy el Instrumento del Maligno o uno de los Jinetes del Apocalipsis?”. Y luego, como es su estilo, siguieron unas líneas de burlas y amenazas a este medio diciendo que habíamos publicado “descomunales mentiras e infundios del tamaño de la catedral”.

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SSSSALLIINNASSSSS

INFORME DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA ABEJA

Desde hace varios años —y con mayor fuerza en estos últimos tres— se vienen destapando una serie de abusos perpetrados por miembros de la Iglesia Católica en distinto países del mundo. Y Perú no ha sido una excepción. Tal vez el caso más sonado, por su repercusión mediática, fue el de la institución religiosa Sodalicio de Vida Cristiana (SCV) el cual tuvo como detonante la publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, en donde los periodistas Pedro Salinas Chacaltana y Paola Ugaz Cruz compilaron una serie de testimonios bajo seudónimos que implicarían a algunos miembros de dicha organización en abusos de índole sexual y abuso de poder.

Desde la publicación de dicho libro, en octubre del 2015, han acontecido una serie de hechos que han ido en escalada. Lo que inicialmente los autores manifestaran era una cruzada por las víctimas del Sodalicio, se convirtió en algo más grande: una cacería de brujas donde todo aquel que pudiera cuestionar o defenderse era tildado de encubridor, perpetrador y hasta de violador de derechos humanos.

Inclusive la fiscal que en enero del 2017 archivó el caso Sodalicio, María del Pilar Peralta Ramírez, fue suspendida por 30 días debido a “su desempeño” durante esta investigación. Además, en abril de ese año, mismo mes en que el Fiscal Superior Frank Almanza reabriera el caso Sodalicio, se inició un procedimiento disciplinario contra la fiscal por infracciones en el ejercicio de sus funciones imputándole dos motivos: no identificar bien los hechos en la investigación preliminar y no motivar su resolución.

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saliegy

Escribe: Luciano Revoredo.- Pedro Salinas afirmó en una de sus columnas que la querella que le ha interpuesto Mons. Eguren “jalona sonrisas y evidencia una ignorancia inexcusable en materia de libertad de expresión”. La opinión, entre otras cosas, pone de manifiesto cómo el ejercicio de la labor periodística podría implicar una aparente superposición de derechos.

Por un lado, el derecho a la libertad de opinión, información y expresión —al que alude Salinas—; por el otro, el derecho al honor y la buena fama, que al parecer en el criterio del periodista se encuentra en cierto grado de inferioridad respecto al primero. Sin embargo, ambos son derechos fundamentales, consagrados en la Constitución peruana y reconocidos en diversos acuerdos y tratados internacionales. ¿Es legítima la primacía de un derecho fundamental por encima del otro? ¿Se puede establecer una jerarquía entre ellos, siendo que ambos derechos son fundamentales?

Conviene evidenciar un asunto capital, quizá no suficientemente recordado: existen límites a todo derecho. Se actúa y se pretende con mucha rapidez el respeto a los derechos propios y, sin embargo, no se reconoce con la misma rapidez un límite razonable (y muchas veces legal) de los mismos. La regulación de cómo se armonizan estos dos derechos fundamentales es un asunto no siempre fácil, y se requiere de una serie de criterios de juicio para determinar en cada caso cuál debe primar en caso se dé un conflicto entre ambos.

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