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Lunes, 25 de Junio 2018


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Col Dario Enriquez

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Escribe: Darío Enríquez.- El Perú de hoy fue forjado en la década de 1990, con todo lo bueno, malo, feo y horroroso que tiene consigo. Cuando Alberto Fujimori gana las elecciones en 1990 derrotando inobjetablemente al candidato del establishment empresarial y mediático Mario Vargas Llosa, el país necesitaba con urgencia terminar con el régimen iniciado el 3 de octubre de 1968 por el golpe militar socialista de Juan Velasco.

Desde 1980 habíamos intentado tal cambio de régimen, pero lucía prácticamente imposible porque el sistema estatista impuesto por la dictadura militar fue blindado en forma pérfida y vergonzosa por la ilegítima constitución de 1979. En este proceso constituyente no participó Acción Popular, partido de Fernando Belaúnde, presidente constitucional depuesto por la fuerza de las armas en 1968.

En 1980, sólo un año después, el partido que no participó y que había denunciado la ilegitimidad de la asamblea constituyente, ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales y legislativas. La derrota inobjetable del Partido Aprista -promotor de la ilegitima C79- marcaba el derrotero a seguir, el cambio de régimen para dejar atrás los delirios socialistas totalitarios del período 1968-1980. Pero Fernando Belaúnde, teniendo mayoría en ambas cámaras legislativas -diputados y senadores- no tuvo la capacidad de tomar las decisiones cruciales que el momento exigía. Su partido, haciéndose del control del aparato estatal, se convirtió en la gran agencia de empleos de la enorme e ineficaz burocracia dejada por los militares.

Sólo en 1983, cuando la crisis amenazaba llegar a niveles inmanejable por el desborde de la deuda externa y con el subestimado fenómeno terrorista que avanzaba controlando una parte de la sierra sur, se intentó corregir rumbo pero ya era muy tarde. La extraviada idea de que “no es que haya muchas empresas estatales, sino que hay muy pocas” (Alan García dixit), fue ganando terreno y en 1985, el triunfo de Alan García impidiò una soluciòn, agudizó los desequilibrios y terminó por llevarnos a la peor crisis de nuestra historia. A modo de explicación, si con los militares y Belaúnde hacia 1985 nuestro símbolo monetario perdió tres ceros, con García hacia 1990 perdió seis ceros más. Es decir, tomando sólo el efecto de la pérdida de ceros, fue como si en 1980 un pan costara S/. 0.35 y en 1990 el precio fuera de S/. 350'000,000 (de 35 centavos a 350 millones).

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LA ABEJA 019 Dario Enriquez Lo que nos espera en el 2017

Escribe: Darío Enríquez.- Las perspectivas para el próximo 2017 lucen interesantes y a la vez difusas teniendo en cuenta la irrupción del fenómeno Trump. El presidente electo Donald Trump asumirá sus funciones el día 20 de enero y desde su proclamación hace casi dos meses, las expectativas respecto a un fuerte movimiento hacia arriba en la demanda y por lo tanto el precio de las materias primas, hace suponer un crecimiento importante de la actividad económica de la principal potencial mundial y por ende, del planeta entero, sea porque se participe de esa nueva dinámica, sea porque se reaccione frente a ella de un modo similar. Más allá de su perfil de anti-héroe y de una resistencia -felizmente casi diluida- a su investidura por parte de sectores opositores, la redefinición económica y geopolítica del mundo de hoy llegará con consecuencias aún poco previsibles

En la revisión unilateral de las condiciones de intercambio con USA que Trump prometió durante toda su campana, creemos que Perú no tendrá mayores problemas para adaptarse a los cambios que proponga Trump porque nuestro país no se encuentra entre aquellos que provocaban relaciones “injustas” de comercio contra USA. Nuestro comercio con el gigante norteamericano está a buen recaudo y no corre peligro alguno. El Perú debe prepararse para participar en la concurrencia de proveedores de materias primas. Para ello, deben destrabarse todos aquellos conflictos sociales que interfieren su extracción y comercialización. El actual gobierno, desde sus inicios, se ha mostrado incapaz de enfrentar el reto de abordar la solución a los diversos conflictos sociales. Ni los que vienen del (des)gobierno anterior, ni los que han aparecido en los últimos meses. Aunque finalmente se ha iniciado el esperado diálogo entre el gobierno y la oposición -que controla el legislativo por mandato popular- esto tiene poca o nula incidencia en lo manifestado. Los conflictos sociales quedan casi al 100% en la esfera de las decisiones políticas y el liderazgo del ejecutivo. Esa capacidad de decidir y ese liderazgo necesario, brillan por su ausencia.

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metropo

Escribe: Darío Enríquez.- Existe unanimidad en señalar dos problemas fundamentales en la Lima del siglo 21: la seguridad ciudadana y el transporte urbano. Aunque en ambos casos hay muchas falacias y creencias cuya desactivación marca el espacio de soluciones posibles, en las siguientes lineas centraremos nuestra atención en el transporte.

Sabemos que el grave problema que vivimos hoy responde a errores u omisiones cometidos por nuestras autoridades hace medio siglo. Durante este período, la indolencia, inacción e ineficacia de sucesivas administraciones ediles sólo reforzaron y amplificaron el problema. Sin embargo, creemos que -pese a todo- lo que se está haciendo en los últimos años va en la dirección correcta y diríamos que no hay mucho más qué hacer. Los habitantes de Lima se han adaptado a vivir en medio del caos y -contra lo que pueda proyectar un observador externo y ajeno- la ciudad sigue su rumbo. Tanto la “guerrilla urbana” de taxis, combis y custers, como el discreto avance del Metropolitano, los corredores viales de diversos colores, el siempre saturado Tren-Metro y las obras de infraestructura de inevitable corte reactivo, seguirán lentamente rindiendo frutos, poco o nada visibles para quienes en medio de la dura lucha del día-a-día insisten en que “todo sigue igual o peor”.

Debemos dejar de centrar esfuerzos, recursos y acciones en la capital. Ésta tiene su propia dinámica y todos sus actores, cada quien con lo suyo, harán lo que tengan que hacer. En pocas palabras olvidémonos de Lima que es un caso perdido para una visión de estándares y crecimiento ordenado. Debemos más bien centrar nuestra atención en evitar que otras ciudades del Perú sigan el camino caótico de Lima. Hablamos de Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo, en ese orden. Éstas son ciudades que empiezan a acumular errores y omisiones cuya factura a pagar se expresará en una muy segura “limeñización” en las próximas décadas si es que hoy no se toman decisiones ineludibles. Es un momento clave en su devenir urbano.

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Escribe: Darío Enríquez.- Es en verdad muy preocupante lo que hemos vivido en los últimos días ante un inesperado y extraño conflicto en Huaycán, mezcla de manipulación mediática, superstición urbana y desconfianza masiva de ciudadanos frente a la autoridad formal. Revisemos en unas líneas los orígenes y la evolución de esta nueva ciudad emergente en el distrito de Ate-Vitarte . La creación de Huaycán marca en 1984 el comienzo de una nueva política de la municipalidad provincial de Lima en vistas de planear las invasiones de terrenos y de facilitar el ordenamiento urbano, todo esto gracias a la elección del primer alcalde de izquierda en la historia de Lima en noviembre de 1983, el abogado Alfonso Barrantes Lingán.

El 15 de julio de 1984, 7 000 familias invadieron un espacio de 640 hectáreas, desprovisto de todo equipamiento urbano, situado a 17 km del centro de Lima al pie de la cordillera de los Andes. El proyecto Huaycán, previsto para 24 000 familias, marca una nueva etapa puesto que se trataba de una invasión aprobada y apoyada por las autoridades, especialmente por la municipalidad de Lima. Según De Soto (1986, p. 56) y Driant (1991, p. 204), la municipalidad fracasó y fue prácticamente obligada a permitir la invasión frente al fracaso de los trámites, referidos a la formalización de la propiedad del terreno, en las instancias del Estado y teniendo en cuenta la presión de los grupos que habían recibido la promesa de una solución rápida para legalizar la ocupación del terreno. Así, la municipalidad -un organismo estatal- no fue capaz de luchar contra su propio “laberinto” burocrático y cedió frente al derecho “popular”, a la normatividad extralegal o informal.

Sin embargo, la decisión de la municipalidad de otorgar a ciertos grupos la posibilidad de ocupar el terreno, causó la reacción de otros grupos que también tenían expectativas sobre el mismo terreno. Entre julio y diciembre de 1984, la situación fue de un conflicto permanente. Ocho días después de la ocupación del terreno, 4 000 personas que aspiraban también a tomar lotes en Huaycán atacaron violentamente a las otras que eran apoyadas por la municipalidad, pero fueron rechazadas. Varias veces, la escena se repitió, produciendo heridos e incluso muertos. Según De Soto (1986, p. 57):

“… cuando los informales planean una invasión actúan en consenso, hacen sondeos de sus intereses comunes, reúnen la masa crítica suficiente para copar casi por completo el área y establecen un sistema para permitir la incorporación de las personas que posteriormente pretenden afincarse en el asentamiento, con atención especial a los vecinos del lugar”.

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