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Jueves, 23 de Noviembre 2017


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Escribe: Darío Enríquez.- Un concepto que trataron algunos juristas en los debates sobre la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, tanto en primera instancia como en la apelación, fue el de “alta probabilidad”. Según este concepto, cuando se efectúa un juicio, la probanza debe alcanzar grado de certeza para validar una acusación, pero en el caso de prisión preventiva (antes del juicio), junto al riesgo procesal y el riesgo de fuga, se debe tener en cuenta si es que la acusación tiene una alta probabilidad de alcanzar el grado de certeza, que vendría a ser el nivel inmediato superior.

Así, este proceso de prisión preventiva se habría convertido casi en un anticipo del juicio, porque frente a la alta probabilidad de que las acusaciones sean probadas como ciertas, tanto el riesgo procesal como el de fuga llegan a a niveles elevados -considerando además la conducta previa de los acusados- y se impone la prisión preventiva. Una buena noticia para el Perú porque con esta sentencia preventiva, se privilegió la implacable fuerza de la realidad en lugar de la porosidad de trámites y leguleyadas que de tener “éxito”, nos habrían llevado a las puertas de Macondo.

Pues en este complejo e infame asunto de la corrupción del Foro de Sao Paulo, del Partido de los Trabajadores de Lula Da Silva, las empresas constructoras mercantilistas brasileras y sus socios peruanos como G&M, J.J.Camet y otras, hay muchos personajes que -basándonos en hechos conocidos, comprobados y comprobables- podemos evaluar como sospechosos de alta probabilidad. Vamos a mencionar algunos de ellos sin mayor orden ni concierto.

 

En las agendas de Nadine Heredia (ver ilustración que acompaña este artículo), entre muchísimas revelaciones, encontramos textos en los que Nadine Heredia invoca a posibles operadores mediáticos para enfrentar una situación planteada por sus adversarios políticos. Eran tiempos en que Nadine y Ollanta se encontraban en la oposición y preparaban la campaña del 2011. Los nombres de Augusto Álvarez (Rodrich) y de Rosa María Palacios lucen con claridad en la lista de estos posibles operadores. Debemos tener en cuenta la posición que estos comunicadores han mostrado a favor de Nadine y Ollanta, muchas veces en contra de toda lógica. Recordemos también que tanto uno como otro pusieron en tela de juicio la autenticidad de las agendas en una agónica defensa que se extinguió por ineficaz y falsaria. Como estas agendas son un elemento clave en el descifrado de la trama corrupta propiciada por la hoy encarcelada ex pareja presidencial, no se descarta una posible concertación delictiva mafiosa entre ellos, financiada con el dinero sucio de la corrupción. Atando cabos y siguiendo una lógica simple pero contundente, creemos que existe una alta probabilidad de que AAR y RMP estén implicados en la fétida cadena de corrupción de los encarcelados Ollanta y Nadine.

La información con que ya contamos sobre la llegada de millones de dólares de la corrupción brasilera para financiar la campana del “NO” a la revocatoria de Susana Villarán en 2013, es implacable. La responsabilidad que tendría la ex-alcaldesa de Lima luce imbarajable. Es imposible que no se haya percatado de la danza de millones a su alrededor. Otra protagonista muy cercana fue Anel Townsend, operadora política conocida por ofrecer sus servicios a lo largo y ancho del espectro. Al mismo tiempo, un grupo de actores prestaron servicios profesionales publicitarios a favor de esa campaña política. De ellos podríamos criticar una falta ética, pero al final es un trabajo (casi) como cualquier otro. Sin embargo, el “rostro emblemático” de esa campaña fue la actriz Mónica Sánchez, quien tenía contacto directo tanto con Susana Villarán como con Anel Townsend y el publicista brasilero Luis Favre. Ella también habría estado en medio del torbellino de millones de dólares tóxicos y corruptos venidos del Brasil. Existe una alta probabilidad que tanto Susana Villarán como Anel Townsend y Mónica Sánchez conocieran que se trataba de dinero ilícito y sean por lo tanto cómplices cuando no sujetos activos de la execrable corrupción auriverde. Por mucho menos, el futbolista Héctor Chumpitaz sufrió prisión domiciliaria e injusta persecución casi 8 años.

No hay duda de la culpabilidad infame del ex presidente Alejandro Toledo. Se ha comprobado todo el circuito de corrupción en el que participó mancillando gravemente la alta investidura presidencial. La coima de $20 millones de dólares luce irrebatible. Pero resulta materialmente imposible que Toledo haya actuado solo. Debió haber contado con el apoyo de operadores que permitieran “cumplir” con Odebrecht y la buena pro de la Carretera Interoceánica. Todos los caminos conducen a PPK como operador “de lujo” del presidente Toledo. Se tuvieron que festinar al menos cinco trámites para forzar el corrupto otorgamiento del proyecto a Odebrecht. La firma de PPK aparece en cuatro de ellos y en el quinto, firma su reemplazante Javier Sota Nadal, debido a que entonces PPK se ausentó unos días del Perú. Una persona con la experiencia y recorrido de PPK no puede aducir que lo sorprendieron y que forzó al menos cinco trámites sin darse cuenta que había algo raro allí. Por eso podemos inferir que existe una alta probabilidad de que PPK estuviera enterado de la trama corrupta Toledo-Odebrecht y su participación en este circuito corrupto lo convierte no sólo en operador principal sino en autor material directo del fraude que perpetraron contra el Estado peruano. Esta alta probabilidad se convierte prácticamente en certeza cuando vemos que las procuradoras que estaban investigando la participación directa de PPK en este latrocinio, fueron despedidas sin guardar forma alguna, asumiendo con ello el pasivo de un escándalo mediático que ha remecido al gobierno. Solo la necesidad de cubrir un tema aún mucho más grave podría explicar que la ministra Pérez-Tello se haya sacrificado en público de ese modo.

El ministerio público y los jueces que participan en las investigaciones de la megacorrupción brasilera en el Perú tienen en estos tres casos descritos, que afectan directamente a casi una docena de personajes encumbrados y una centena de operadores menores, un reto enorme para sostener la confianza precaria -pero confianza al fin- que la opinión pública mantiene respecto del trabajo que realizan. Incluso los fuegos de artificio que -agónicos y puestos en total evidencia por su torpeza e inelegancia- pretenden desviar la atención hacia Keiko Fujimori, Alan García, Mercedes Araoz y otros, no deben distraer el desarrollo de estos tres casos que ya cuentan -a nuestro juicio- con elementos de alta probabilidad y podrían justificar legal y legítimamente, la prisión preventiva al menos contra sus cabecillas.

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