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Miércoles, 13 de Diciembre 2017


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Los pseudo-moralizadores montaron una organización criminal

 

Escribe: Darío Enríquez.- La crisis desatada a fines del 2000 con la difusión del primer vladivideo y la caída del gobierno de Fujimori en medio del escándalo de corrupción política y mediática más grande de nuestra historia hasta entonces, suscitó un amplio consenso en la sociedad que clamaba por justicia y sanción ejemplar a los corruptos.

Al cabo de diecisiete años, aunque se logró encarcelar a muchos protagonistas culpables penales de esa corrupción, se hace evidente que se cometieron también injusticias, como las perpetradas contra el general Chacón, el doctor Portillo, el ingeniero Camet, el doctor Bustamante y otros, a quienes luego de martirizarlos con larguísimos procesos, en algunos casos con prisión efectiva y domiciliaria por casi una década, al final se les declaró inocentes o murieron antes de ser exonerados de culpa. Ni qué decir del presidente Fujimori. Aunque su responsabilidad política es indiscutible, hoy vemos que Fujimori es claramente un preso político pues se le encarceló sin aportar ni una sola prueba, con una condena cuyo núcleo fue redactado doce meses antes, con una psicotrópica teoría de “autoría mediata” que les permitía -según consta en comunicación electrónica entre el juez San Martín y el “experto” Del Río- eximirlos de pruebas “convencionales”.

 

Hoy sabemos que quienes se vendieron como los non plus ultra de la impoluta honestidad, los adalides de la lucha anti-corrupción, los que se decían estar del “lado decente” de la política, los que pontificaban desde un sórdido y mafioso control de los medios de comunicación, todos ellos lo que habían hecho era ocupar el lugar de la gran corrupción de los noventa, para embarcarse en la construcción de un gran aparato de mega-corrupción con el soporte del socialista Foro de Sao Paulo y sus brazos financieros Odebrecht, OAS, Camargo & Correa, etc. Sus socios locales de Graña y Montero, J. J. Camet y otros, gozan de censurable y abyecta impunidad.

El caso de Alejandro Toledo está prácticamente cerrado y sólo la protección que le procuraría su presunto operador corrupto y cómplice, el actual presidente Kuczynski, le permite gozar de libertad e impunidad, insultando a todos los peruanos. Desde Brasil sigue llegando información que tritura las hipócritas posturas de tanto falso valor en la política, en el mundo empresarial mercantilista y en la concentración de medios. En una última maniobra que contó con gran cobertura mediática criminal, funcionarios judiciales del gobierno viajaron a Brasil para traer las cabezas de Keiko Fujimori y Alan García; lo que trajeron a su regreso -contra su voluntad, lo que quisieron ocultar o desviar con viles maniobras de último minuto- fueron las cabezas de PPK y Susana Villarán. Una inmensa mayoría de ciudadanos, que fácil supera el 80%, exige castigo ejemplar para estos y otros personajes. Sólo el tibio accionar del Parlamento, el blindaje enorme del poder ejecutivo y la complicidad de la concentración mediática, evitan que se les encarcele como debiera ser. La vacancia presidencial se cae de madura pero el Congreso ha sido ganado por un absurdo temor de ejercer el poder legítimo recibido por voluntad popular.

La desvergüenza de Gabriel Prado, funcionario de confianza de Susana Villarán en la municipalidad de Lima, diciendo que su cuenta corrupta en Andorra se debe a que firmó un documento en blanco y que “se reserva” el derecho de decir quién le pidió firmar ese papel, merecería cárcel inmediata. Inaceptable el falso deslinde de políticos, periodistas y artistas como Anel Townsend, Mónica Sánchez, Gustavo Bueno, Marisa Glave, Augusto Rey, Claudia Cisneros, Rosa María Palacios y Augusto Álvarez Rodrich entre otros, que se dicen “decepcionados” de las pruebas de corrupción política. ¿Participaron de un proceso en el que vieron ir y venir publicidad millonaria sin siquiera sospechar?

Todos ellos son cómplices de la mega-corrupción que se cuantifica en un latrocinio de 7,500 millones de soles por la firma de contratos espurios sólo en el caso de la municipalidad de Lima, como contraprestación a la coima de 3 millones de dólares que el corrupto funcionario brasilero Garreta confiesa haber negociado con Susana Villarán. Aquí no hay coincidencias ni casualidades. Una gran organización criminal ha sido montada por pseudo-moralizadores en los últimos tres lustros y hasta hoy, pese a indicios y evidencias, ninguno de sus cabecillas ha sido detenido y más bien todo indica que cuentan con protección en altas instancias del poder político, mediático y empresarial.

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