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Lunes, 22 de Octubre 2018


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Italiancrisis

Escribe: Gianfranco B. Sangalli.- Las elecciones parlamentarias celebradas en Italia el pasado 4 de marzo, seguramente serán recordadas -en la septuagenaria historia de esta República, hija de su derrota en la Segunda Gran Guerra- como la primera ocasión en que el pueblo italiano (casi el 70% del mismo) intentó retomar las riendas de su propio destino, rebelándose nítidamente a las ingenierías sociales que se le llevan imponiendo desde los laboratorios ideológicos del mundialismo masónico (sucursal Unión Europea) a través de las diligentes secretarías de los partidos políticos de izquierda, que llevaban gobernando o condicionando la gobernabilidad desde hace décadas, y que son los responsables principales del estancamiento nacional.

El resultado electoral, sin duda clamoroso por ser una bofetada al Establishment, planteó, sin embargo, desde el primer momento (por culpa de la Ley Electoral) la dificultad de articular una mayoría parlamentaria para la formación del Ejecutivo (téngase presente que Italia es una república parlamentaria, no presidencial) porque las dos formaciones ganadoras, la Coalición de Centro-Derecha y el Movimiento 5 Estrellas, mantenían diferencias sobre la forma y el contenido de las bofetadas que hay que propinar al Sistema, para su remodulación.

Tras casi 3 meses desde las elecciones, arduas tratativas y varias vicisitudes, las diferencias entre las dos partes ganadoras se superaron, mediante la benigna inhibición –no exenta de escepticismo- de dos de los componentes de la Coalición de Derecha (Forza Italia y Fratelli d’Italia) que allanó el camino a que su componente más votada (la Lega) pudiera acordar, como en efecto sucedió, un “contrato de gobierno” con el Movimiento 5 Estrellas para un “Gobierno del Cambio” (de todo lo que hay que cambiar de raíz en Italia, se entiende). En consecuencia, de acuerdo a la praxis constitucional, se presentó al Presidente de la República el nombre de la persona que la mayoría parlamentaria proponía para el cargo de Presidente del Consejo de Ministros, el profesor Giuseppe Conte, y éste, recibido el encargo formal del Jefe del Estado, a su vez, presentó al Presidente de la República la lista de ministros. En este punto es donde todo se torció.

En efecto, con arriesgado desprecio de la voluntad mayoritaria del Parlamento, el Presidente de la República se negó a nombrar para el Ministerio de Economía a Paolo Savona, experimentado y prestigioso economista propuesto por el Primer Ministro encargado, y sostenido resueltamente por las partes suscriptoras del “contrato de gobierno”. Ante la negativa insuperable del Presidente de la República, el Primer Ministro designado restituyó el encargo a aquél, abriéndose una crisis institucional y política de insospechadas consecuencias.

El presidente de la República ha querido justificar su intransigencia aduciendo su obligación de defender los intereses de la ciudadanía y del ahorro italiano, frente al nerviosismo que empezaban a mostrar los “mercados” (nacional y europeo) por las firmes críticas del profesor Savona a las actuales políticas financiera y monetaria impuestas la Comisión Europea (Berlín, que es quien manda de verdad).

La decisión del presidente –aunque su declarada intención fuese sincera- ha implicado, y así es percibido por la mayoría aplastante del pueblo italiano, una rendición incondicional a los “Poderes Fuertes”, es decir, a los círculos financieros, ultraeuropeístas y atlantistas, más que alarmados con la patente posibilidad de que uno de los 3 países perno (junto con Francia y Alemania) de todo este tinglado internacionalista “sacase los pies del plato”.

En realidad, era de imaginar que los mencionados “poderes fuertes” no se quedarían cruzados de brazos ante la perspectiva de la inminente instauración en Italia de un gobierno que aplicase políticas dirigidas no solo a poner drásticamente coto a la invasión migratoria (fenómeno de desnacionalización teorizado y favorecido por dichos poderes; véase el Plan Kalergyi) sino a repatriar los inmigrantes ilegales; políticas dirigidas a restablecer la ley y el orden en las ciudades italianas, con la movilización del ejército y el fin del hipergarantismo hacia los delincuentes; políticas dirigidas a reactivar la economía italiana a través de la drástica simplificación administrativa y el fin de la opresión fiscal (introducción de la “flat tax” al 15 y 20%); políticas dirigidas a la renegociación de los Tratados Europeos, para que no se vulneren los intereses nacionales; políticas dirigidas al claro fomento de la natalidad italiana; fin de las sanciones contra Rusia.

Así, pues, vaciando de contenido el principio democrático, se ha querido someter la Voluntad Soberana del Pueblo italiano, a la voluntad espuria de una pandilla de especuladores financieros y de eurócratas, que solo se representan a sí mismos y a su retorcida ideología portadora de desnacionalización, de esclavitud económica, de inseguridad pública, de muerte (aborto, eutanasia), de normalización de todas las perversiones útiles para la esterilización cultural de los pueblos europeos, previniendo su posible reacción. Y es de lamentar que, para alcanzar este fin antinacional, haya actuado como instrumento –consciente o inconsciente, esto es irrelevante- un presidente de la República italiana que, además, fue expresión (la Jefatura del Estado es, en el sistema constitucional italiano, de elección indirecta) de unas mayorías políticas que han cambiado radicalmente en el escenario nacional; esta circunstancia, en nuestra opinión, le debería haber inducido a una mayor prudencia.

Es prematuro y difícil conjeturar cuánto desorden político y social causará este intento de sofocar la rebelión del pueblo italiano frente a las élites desacreditadas. Por lo pronto, la líder de Fratelli d’Italia ha recordado que no hay ningún artículo en la Constitución que permita al presidente de la República vetar a una persona propuesta para ministro por la mayoría parlamentaria; por esta razón, y porque le resulta evidente que el Jefe del Estado se ha dejado influenciar por instancias extranjeras, ha pedido que, en aplicación del artículo 90 de la Carta Magna, se le acuse constitucionalmente por alta traición; el líder del Movimiento 5 Estrellas se ha hecho eco y secundado esta demanda de “Impeachment” contra el presidente de la República.

Lo único que parece, en cualquier caso, ya inevitable es que la Nación está avocada a una nueva cita con las urnas, posiblemente en octubre próximo. Y si estamos a los humores que ya van registrando los sondeos de opinión, la rebelión de la ciudadanía experimentará un ulterior “exploit”, por lo que el presidente de la República podría quedar deslegitimado por una suerte de plebiscito de facto contra su actual decisión.

En cierto modo, señores, son tiempos de revolución. Bienvenidos sean, por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende.

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