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Miércoles, 16 de Agosto 2017


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thor

Escribe: Betsy Recavarren Merino de Zela.- El país asiste con sumo disgusto a un insólito tira y afloja sobre el audio Thorne-Alarcón. La cita para escuchar las explicaciones del ministro de Economía ante la comisión de Fiscalización era para el viernes 16. Sin embargo, con insólita decisión, se pretendió hacerlo ir al congreso el día anterior jueves! Cuál habrá sido el motivo real para tan precipitado cambio de fecha? Finalmente, expuso ante el Pleno el día viernes. Estas acciones producen una profunda desazón en la sociedad que ya está harta de tanto conflicto menudo de politiquería barata.

Para nadie es ajeno que el actual titular de la Contraloría General de la República adolece de las mínimas calidades morales y profesionales para seguir en el cargo. Las denuncias que han llenado los titulares hace semanas sobre Alarcón no hacen sino emplazar al congreso a ejercer su rol: remover al Contralor por falta grave. Esa es la facultad que le otorga el artículo 82 de la Constitución. Pero se ha instalado una sub- comisión de trabajo que preside Marco Arana para investigar tales denuncias. Vaya paradoja! Mientras Alarcón desconoce sistemáticamente el cumplimiento del mandato legal establecido en resoluciones de la CIDH, del Tribunal Constitucional (1997 y 2001), de magistrados locales y del propio MEF, respecto del pago de unas pensiones devengadas de los años 1992 a 2003 que reclama la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General.

Muchos analistas se le han tirado a la yugular al Congreso, tildando a la mayoría de “obstruccionista” y hasta de poner en riesgo la estabilidad del país. Ignorancia supina. El Congreso simplemente está cumpliendo con su función fiscalizadora, como en el caso de la denuncia sobre el lesivo contrato del aeropuerto de Chinchero con Kuntur Wasi. La escandalosa adenda propuesta por esta firma que no contaba con el debido respaldo financiero fue la gota que colmó el vaso. Evidencias sobraban y el deber del Congreso era ineludible. Pero esto significó que el régimen rompiera lanzas contra el parlamento.

Thorne cometió un grave desatino impropio de un ministro de Economía. Su afán por cumplir con el objetivo presidencial de insertar al Perú en la OECD, lo llevó a mezclar papas con camotes: casi condicionar la asignación de más presupuesto a Contraloría con cargo a dar ésta su visto bueno al tema de Chinchero. Este craso error le abrió la puerta a la calle pues su imagen ha sido mermada y esto es un factor muy delicado que, en su lugar y por sus implicancias con la confianza debida a los inversionistas, debe ser total y absoluto.

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CONTRALORIA GENERAL PERU

In memoriam de los 73 jubilados fallecidos clamando por sus legítimos derechos

Escribe: Betsy Recavarren.- Ante la insólita y penosa situación de crisis moral e institucional en la que se debate la actual gestión del contralor Edgar Alarcón, se revela una grave denuncia: la sistemática negativa a pagarle a los miembros de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General, a pesar de contar con numerosas sentencias judiciales internas y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (caso Acevedo Buendía vs. Perú).

Con fecha 1° de julio de 2009, la CIDH emitió una sentencia inapeable y definitiva sobre este caso, que se refiere al INCUMPLIMIENTO de DOS sentencias del Tribunal Constitucional del 21 de octubre de 1997 (Exp. N°118-95-AA/TC) y del 26 de enero de 2001 (Exp. N°1102-00-AA/TC) que ordenaron al estado peruano que CUMPLA con restituir a los 273 miembros de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la CGR las remuneraciones, gratificaciones y las bonificaciones que eran parte de sus pensiones y que dejaron de percibir entre abril de 1993 y octubre de 2002. El monto establecido fue de 257 millones 475 mil 175 con 11/100 nuevo soles. Recién desde noviembre de 2010 sólo se ha pagado por armadas la suma de 86 millones 271 mil 361 soles.

En esa sentencia la CIDH ordena al estado peruano "dar cumplimiento total a las sentencias" del TC "dentro de un plazo razonable" (...), "habida cuenta de los más de once (11) y ocho (8) años transcurridos desde la emisión de la primera y última sentencia del TC, respectivamente", al momento de emitirse la Sentencia.

A pesar de haber pasado ya OCHO años desde que la CIDH emitió su fallo en el 2009, y 20 y 16 años respectivamente desde que el TC falló A FAVOR de las víctimas de este caso, es evidente que el estado peruano HA INCUMPLIDO con lo ordenado por la CIDH, alegando todo tipo de argumentos, incluyendo razones presupuestales.

Ante esta situación, la CIDH el 28 de enero de 2015 señaló en su Resolución de Supervisión de Ejecución de Sentencia que reiteraba lo establecido en su sentencia en el sentido que "las normas de presupuesto no pueden justificar la demora durante años del cumplimiento de sentencias". Y ante lo alegado de que la obligación de realizar el pago recaería únicamente en la Contraloría General, la CIDH reiteró una vez más que el estado por razones de orden interno, NO PUEDE DEJAR DE ASUMIR la responsabilidad internacional ya establecida y que las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del estado.

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Perrocuba

Escribe:Betsy Recavarren Merino de Zela.- Hace muchos años, tuve la oportunidad de conocer la isla de Key West, un encantador y pequeño lugar que queda al sur del archipiélago en Florida, USA. Refugio de artistas y escritores como Ernest Hemingway, tiene varias atracciones como su animada calle Duval Street, llena de boutiques con coloridos souvenirs. La famosa cantina “Sloppy Joe’s” en donde recalaba el mismo Hemingway y que hoy es un concurrido pub. El impresionante museo de Mel Fisher, el buzo que luego de treinta años de persistente búsqueda en esa zona del mar, halló el tesoro de “Nuestra Señora de Atocha”, una nao de la flota española que se hundió en el siglo. Allí se pueden ver en vivo y en directo los cargamentos de oro y plata procedentes de la “mina de Lima” (“Lima mint”), así como parte de los lujosos bienes de los náufragos de gran opulencia, como anillos de oro con esmeraldas, cadenas de gruesos eslabones de oro, menaje de buena factura, un collar con un crucifijo de filigrana de oro y esmeraldas que aún guarda con fuerza el último hálito de fé de su desgraciada dueña antes de morir ahogada…..

Una de las atracciones de Key West es darse una vuelta hasta llegar al sitio denominado “Southernmost Point”. Este es un poyo gigante que marca el punto ubicado más al sur de los Estados Unidos de Norteamérica y en donde se lee “a 90 millas de Cuba”. Todos los turistas nos hemos tomado la foto de rigor en tan pintoresco lugar, mirando al horizonte de aguas tan turquesas y soleadas, imaginando el breve tramo marino que hay entre el país más poderoso del mundo y la legendaria isla caribeña de tanta historia, hoy atrapada en una feroz tiranía.

Releyendo los eventos del siglo XX, uno no se puede explicar cómo es posible que un país de tanto prestigio histórico, pueda seguir hundido en esa cárcel, que ya se encuentra en un serio estado de combustión social ante los viles abusos de una tiranía de los hermanos Castro. El tan mentado paraíso socialista es una vil patraña, que por un puñado miserable de alimentos al mes, se pretenda seguir justificando lo injustificable: la pérdida de la libertad, el mayor bien preciado del Hombre. Porque una escuela que forma zombies y una atención en salud para seres que acaban vegetando en ese mundo sin destino, es un paraíso macabro.

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hijo ladron

Escribe: Betsy Recavarren Merino de Zela.- Asistimos cada día como mudos testigos a la vorágine de noticias sobre la corrupción estatal. No terminan de informar los medios cuando ya están lanzando otro destape y otro y otro más! Un desfile inacabable de vergüenza ajena que nos hace preguntarnos por qué tanta delincuencia campea impune por los pasillos del gobierno en el país.

Cuando hace treinta años auditábamos las entidades del estado, detectábamos los actos de corrupción realizados con cierto secretismo, casi una sutileza en el accionar de la burocracia. Y esto ocurría a todo nivel a pesar del dolo y de la prepotencia al cometer faltas o delitos. Como el de un premier yendo a “amarrar” la trafa en la matriz de una famosa corporación de Alemania, para darle la buena pro de una licitación internacional, aprovechando su viaje de renegociación de la deuda externa con ese país. O el de un vice ministro de Transportes, que con todo cuajo firmaba una resolución en la que se le otorgaba un tramo de la carretera marginal de la Selva a las maquinarias de…. su propia empresa!!! que además, llevaba su nombre. ¡PLOP! O el de un viejo director técnico que pretendió que se lo sacara de un informe, que ratificaba la opinión de la asesoría jurídica que lo mencionaba como un funcionario responsable de la mala construcción de una represa en Huancavelica.

Todas estas eran responsabilidades funcionales detectadas con pruebas recogidas en el campo por una comisión integrada por varios profesionales multidisciplinarios, que eran debidamente sustentadas en el informe de auditoría; evidencias que luego pasaban por un proceso de determinación de responsabilidades en el área legal de la Contraloría. Si no se levantaban los cargos, el procurador de la CG presentaba al Poder Judicial la respectiva denuncia penal.

Con las reformas legales hechas por Toledo, la ley de Control perdió su eficacia y como me dijo una amiga auditora abogada: “¡Así como está, más bien favorece a los que defraudan al estado!”. A esto súmese directivas que están trabando la labor de los auditores, dilatando la emisión de los informes y postergando sus pesquisas en cada entidad.

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