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Martes, 21 de Agosto 2018


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CONTRALORIA GENERAL PERU

In memoriam de los 73 jubilados fallecidos clamando por sus legítimos derechos

Escribe: Betsy Recavarren.- Ante la insólita y penosa situación de crisis moral e institucional en la que se debate la actual gestión del contralor Edgar Alarcón, se revela una grave denuncia: la sistemática negativa a pagarle a los miembros de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General, a pesar de contar con numerosas sentencias judiciales internas y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (caso Acevedo Buendía vs. Perú).

Con fecha 1° de julio de 2009, la CIDH emitió una sentencia inapeable y definitiva sobre este caso, que se refiere al INCUMPLIMIENTO de DOS sentencias del Tribunal Constitucional del 21 de octubre de 1997 (Exp. N°118-95-AA/TC) y del 26 de enero de 2001 (Exp. N°1102-00-AA/TC) que ordenaron al estado peruano que CUMPLA con restituir a los 273 miembros de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la CGR las remuneraciones, gratificaciones y las bonificaciones que eran parte de sus pensiones y que dejaron de percibir entre abril de 1993 y octubre de 2002. El monto establecido fue de 257 millones 475 mil 175 con 11/100 nuevo soles. Recién desde noviembre de 2010 sólo se ha pagado por armadas la suma de 86 millones 271 mil 361 soles.

En esa sentencia la CIDH ordena al estado peruano "dar cumplimiento total a las sentencias" del TC "dentro de un plazo razonable" (...), "habida cuenta de los más de once (11) y ocho (8) años transcurridos desde la emisión de la primera y última sentencia del TC, respectivamente", al momento de emitirse la Sentencia.

A pesar de haber pasado ya OCHO años desde que la CIDH emitió su fallo en el 2009, y 20 y 16 años respectivamente desde que el TC falló A FAVOR de las víctimas de este caso, es evidente que el estado peruano HA INCUMPLIDO con lo ordenado por la CIDH, alegando todo tipo de argumentos, incluyendo razones presupuestales.

Ante esta situación, la CIDH el 28 de enero de 2015 señaló en su Resolución de Supervisión de Ejecución de Sentencia que reiteraba lo establecido en su sentencia en el sentido que "las normas de presupuesto no pueden justificar la demora durante años del cumplimiento de sentencias". Y ante lo alegado de que la obligación de realizar el pago recaería únicamente en la Contraloría General, la CIDH reiteró una vez más que el estado por razones de orden interno, NO PUEDE DEJAR DE ASUMIR la responsabilidad internacional ya establecida y que las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del estado.

 

La CIDH también fue enfática al ordenar "efectuar el pago de la totalidad de lo adeudado a todas las víctimas dentro del período de UN AÑO, indicando que "corresponde al Perú asegurar que por NINGÚN MOTIVO se continúe con una forma de pago PAULATINO que podría llegar a demorar tantos años para cumplir de forma completa con las obligaciones señaladas por decisiones judiciales firmes. Ello resulta inaceptable para este Tribunal e implica un incumplimiento de sus obligaciones internacionales" Este plazo de UN AÑO SE VENCIÓ a principios del 2015, sin que el estado peruano haya cumplido con restituir a los afectados la propiedad de las pensiones de las que se les privó, violando sus derechos humanos.

Cabe señalar que mediante Resolución N° 518 de 05 de octubre de 2015, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima ordenó a la Contraloría General que acredite haber incluido la totalidad de la deuda en el Presupuesto Institucional del año 2016, bajo apercibimiento de remitir copias certificadas de los actuados pertinentes al Ministerio Público a fin de que haga uso de sus atribuciones con arreglo a ley. Asimismo, la CGR a cargo de Alarcón fue notificada el 28 de octubre de 2015 por la 8ava. Fiscalía Provisional Penal de Lima, del inicio de las investigaciones sobre la presunta comisión de delito contra la Administración Pública por Desobediencia y Resistencia a la Autoridad, por parte de funcionarios de la Contraloría General en agravio del estado y de la Asociación de Cesantes y Jubilados.

Es más que evidente que la CGR SE VIENE NEGANDO SISTEMÁTICAMENTE a cumplir con el pago total del saldo pendiente adeudado a los cesantes y jubilados de este caso, que asciende aproximadamente a 171 millones 203 mil 8124.11 soles. Y con el agravante de que ha tenido la desfachatez de construir una obra faraónica como la de la nueva sede de su centro de capacitación ubicado en el distrito de Lince, que ni siquiera ha destinado como su sede institucional. Esta soberbia administrativa exhibida por el ex contralor Fuad Khoury y quien fuera su vice contralor, el actual contralor Edgar Alarcón, colisiona FRONTALMENTE con lo opinado por el Ministerio de Economía y Finanzas que en su Informe N°0401-2016-EF/50.06, concluyó así: "corresponde a los Pliegos Presupuestarios, con cargo a sus presupuestos institucionales de apertura, atender las obligaciones que se generen como consecuencia de la aplicación de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, las cuales conforme al artículo 4° del texto único Ordenado de la Ley Orgánica del poder Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo N°017-93-JUS, son de obligatorio cumplimiento. Es decir, Alarcón y su predecesor han PREVARICADO ALEGREMENTE en contra de los innumerables fallos judiciales nacionales e internacionales, dejando al Perú como un olímpico VIOLADOR de las normas legales vigentes y de los derechos humanos de sus ciudadanos. Inaudito!

Pero esto no es todo. Según denuncian los sufridos cesantes de la CGR, la entidad habría revertido al estado MILLONES DE SOLES de sus presupuestos NO EJECUTADOS cada año de las últimas gestiones contraloras. Es decir, a pesar de haber contado con el dinero suficiente, no habría tomado las previsiones para pagar a los jubilados peticionantes. El colmo es que Alarcón estaría tratando de atenuar su responsabilidad pagando ¡a....los fallecidos! Increíble.

A esto se añade la infeliz inconducta de los dos últimos contralores, dado que se ha demostrado con pruebas que durante sus gestiones, se han preocupado MÁS por favorecer sus apetitos de poder favoreciendo a sus allegados; como el caso de la relación adulterina de Edgar Alarcón con su subalterna Marcela Mejía Franco, de cuyo vínculo se habría beneficiado ésta pecuniariamente gracias a normas internas de la CGR emitidas durante la gestión del funcionario, según denuncian indignados auditores. O de los jugosos negocios de compra de inmuebles como el adquirido conjuntamente por Alarcón y Khoury, o por separado como hizo Alarcón en varias provincias, según recientes denuncias de dominio público, compras prohibidas a altos funcionarios por leyes vigentes.

El caso del incumplimiento por Alarcón de las sentencias de la CIDH y nacionales a los cesantes y jubilados de la CGR no es el único, ya que existen otros como el una ex auditora, madre de familia, que fue despedida de modo arbitrario y abusivo de la CGR y quien, a pesar de haber ganado el juicio laboral, aún no ve cumplido el fallo judicial en su totalidad por la gestión de Alarcón y sigue clamando por el pago del dinero que aún le adeuda esa entidad.

Ante este escandaloso estado de IMPUNIDAD en el máximo organismo de control, QUÉ SE PUEDE ESPERAR de la actual gestión de Edgar Alarcón que solo desprestigia la noble función contralora?? NADA. Y la grave responsabilidad del Congreso de la república es la de NO SEGUIR DILATANDO la decisión de removerlo por falta grave, de acuerdo a la potestad que tiene según el artículo 82 de la Constitución de 1993. Este es el mayoritario sentir de cientos de auditores y ex trabajadores de la Contraloría General, que vemos con el corazón oprimido el caos en el que ha sumido a nuestra querida entidad de Control un vulgar pícaro, impuesto y sostenido por muy siniestros fines políticos ajenos a la función fiscalizadora que debe garantizar la democracia.

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