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Sábado, 20 de Octubre 2018


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Escribe: Ricardo Villanueva Meyer Bocanegra.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos se inmiscuye inaceptablemente en nuestro derecho interno al requerir al Estado peruano a desistir de investigar y acusar a los magistrados del Tribunal Constitucional por la expedición de una sentencia espuria y cuyo proceso en el Congreso fue iniciado por ex marinos y acogida por el congresista y ex ministro de este gobierno Pedro Olaechea.

El artículo 99º de la Constitución de 1993 dispone que corresponde a la Comisión Permanente del Congreso acusar –entre otros- a los miembros del Tribunal Constitucional y al pleno del Congreso, artículo 100, el inhabilitar al funcionario acusado hasta por diez años en el ejercicio de la función pública.

 

ntonces, la resolución de la CIDH pretende modificar nuestro derecho al negarle al Congreso a ejercer una de sus funciones constitucionales. Hasta parece una forma de modificar la Constitución no prevista en su propio texto.

La Corte fue creada para proteger los derechos fundamentales de las personas y para acceder a su sede había que agotar la jurisdicción interna, no es su función cortar las instancias nacionales pues en ellas puede protegerse el derecho vulnerado y reclamado por el individuo, solo si el derecho interno no lo hace, se recurre a la Corte para buscar esa protección.

¿Qué derecho fundamental de los magistrados del Tribunal Constitucional ha sido vulnerado con la sola investigación y acusación? Desde que fueron nombrados ellos conocían la Constitución y lo que traía consigo la dignidad que iban a asumir. Ellos han tenido y tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos para defender la sentencia que rubricaron y que cambió el sentido a una anterior del propio TC, atentando contra el principio de la cosa juzgada, una sentencia prevaricadora a juicio nuestro pero que los tribunos, hábiles abogados, podrán demostrar que no es así.

Ellos, conociendo la empatía ideológica que los une con los jueces supranacionales, han acudido a su instancia saltándose las internas, consiguiendo una resolución que atenta precisamente contra el derecho interno que es perfectamente capaz de tutelar los derechos fundamentales de todos los peruanos, han pretendido exponer ante el mundo que aquí no existe un estado de Derecho, una democracia, una independencia de poderes y a la luz de dicha resolución, lo han conseguido. Un daño muy grande a la imagen del Perú.

La Corte no puede decirle a nuestro Congreso que no investigue y no acuse porque ambas son parte de sus funciones constitucionales. El derecho de ninguno de nosotros se vulnera si somos citados a instancia judicial o a una comisión del Congreso, es más, es nuestro deber acudir y responder lo que se nos pregunta. En el caso de estos cuatro tribunos, una vez terminado este proceso y emitida una resolución del Congreso que a su juicio, vulnere sus derechos fundamentales, podrían recurrir a la vía interna y agotada ésta, a la instancia supranacional. ¿Qué derecho fundamental se les está violando al ser investigados por el Congreso?

Quizás ellos mismos saben que no hay manera de sustentar racionalmente el cambio de una sentencia de su propia sede, dictada varios años antes y que como tal, es última instancia y cosa juzgada, interpretando a su antojo el voto de un ex magistrado en una sentencia que fue decidida por mayoría y que -¿coincidencia?- con dicha “interpretación” del voto, se consigue cambiar el sentido a toda la sentencia.

Lo que han hecho ofende gravemente la inteligencia del magistrado Juan Vergara Gotelli, que firmó cada hoja de la sentencia expresando su acuerdo a ella para que varios años después estos intérpretes sentencien que él no quiso decir lo que dijo ni firmar lo que firmó. El expresar fundamentos distintos no anula el fallo final, en mi experiencia laboral en el Tribunal Constitucional eran conocidos los exquisitos fundamentos singulares de voto del magistrado Manuel Aguirre Roca y a nadie se le ha ocurrido hasta ahora decir que quiso fallar de manera contraria a como lo hizo. La puerta que se ha abierto es peligrosa porque dada la manera política como se nombra a los miembros del TC, cada vez que la composición de éste cambie, los nuevos magistrados podrían desempolvar una sentencia antigua que les sea incómoda y modificarla a su gusto.

La conducta de estos magistrados merece pues una investigación y una acusación con todas las garantías del derecho de defensa.

¿Que la composición política del actual Congreso les hace temer un resultado adverso? Bueno pues, son las consecuencias de una sentencia eminentemente política pues el resultado del cambio del fallo ha permitido reabrir el caso El Frontón contra ex marinos que les son políticamente poco afines, por decir lo menos. Aunque la composición política del Congreso cambie, los magistrados del TC estarán seguros en su cargo si actúan honrándolo y no dejando que su visión política domine a la jurídica.

Hace bien el Congreso en negarse a acatar esa resolución y en pedir una aclaración.

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