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Lunes, 18 de Febrero 2019


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Escribe: Alberto González Cáceres.- Desde hace casi año y medio se viene elaborando en el Ministerio de Justicia un proyecto de Ley (RM 0271-2013-JUS) que procura regular las técnicas médicas de

reproducción asistida en nuestro país, bajo el pretexto de que no existe regulación legal al respecto, de atender los problemas de infertilidad, así como salvaguardar los derechos sexuales y reproductivos de las personas.

Esto no es cierto, por cuanto el artículo 7° de la Ley 26842, Ley General de Salud ya regula estas técnicas de reproducción, autorizándolas siempre y cuando coincida la condición de madre genética con la madre biológica (proscribiendo por lo tanto la maternidad subrogada y la ovodonación) y sin que se vulnere o atente contra la vida del embrión humano, al que nuestro derecho lo denomina constantemente como concebido (Artículo III del Título Preliminar de la Ley 26842, Ley General de Salud. Cfr. Sentencia TC 02005-2009-PA/TC).

Entonces nos preguntamos, ¿Por qué existe esta necesidad de querer regular, a toda costa, estas técnicas de reproducción si es que ya existe regulación al respecto? No nos cabe duda que la respuesta cae por madura: Se trata de una fuerte presión que ejercen quienes hacen de estos difíciles asuntos un negocio, bajo la apariencia filantrópica de querer ayudar a todos aquellos a quienes la naturaleza, por una u otra razón, les ha negado la buenaventura de la descendencia.

No vamos a negar que los resultados, en relativa cantidad de casos, hayan traído alegría inmediata a los contratantes, sin embargo cabe preguntarse si dicha propuesta de Ley de Técnicas de Reproducción Asistida es moral y legalmente aceptable para nuestro país.

En primer término, el proyecto en mención es totalmente embustero y desleal, pues en una apreciable introducción se dice respetar la vida y la dignidad humana, “inclusive la de los no nacidos”. Se dice que el proyecto se inspira en los cuatro principios de la bioética principalista, sin embargo inmediatamente después, el proyecto “olvida” sus dizque “principios rectores” para presentarse, a lo largo de todo su texto, en su verdadera dimensión esencia: legitimación de la cosificación de la vida humana, introducción de técnicas de reproducción que atentan contra el orden legal y natural de la familia y lo que es más execrable: se extiende en nuestro país título de propiedad de seres humanos sobre otros, reviviendo pasadas épocas de esclavitud.

Parecería que las atrofias morales y legales antes mencionadas son algo novedosas, sin embargo no lo son, por cuanto, como es conocido, ya en el régimen totalitario de la Alemania nazi se practicaba lo mismo bajo circunstancias distintas, pero bajo pretextos y argumentos similares. En efecto, bajo la “loable” finalidad de procurar “el bien social (volksgemeinschaft)”, la “defensa de la maternidad (übermutter),” Rudolf Hess se ufanaba de los avances de la “biología aplicada”. Bajo un fuerte control de los medios de comunicación, el silenciamiento de las principales instituciones culturales y educativas se promulgaba en 1935 la Ley de la Salud Marital que prohibía la unión entre personas “saludables por herencia” y personas genéticamente inaptas.

Esta fórmula selectiva y eugenésica de nacimiento se repite esta vez en la propuesta bajo análisis, cuando se autoriza de manera velada en las definiciones, la selección de embriones (artículo IV del Título Preliminar). No nos cabe duda entonces, que con esto, se abre espacio a la selección y muerte de embriones en razón del sexo de los hijos, de la raza, del color de piel, y lo peor de todo al sacrificio de aquellos que sean concebidos con síndrome de down y cualquier otra patología o “tara, según los nazis” con las que la naturaleza regocija la vida de los padres, solo que de manera diferente. Para Hitler y sus actuales seguidores, éstas serían “vidas indignas de ser vividas”.

La titularidad y congelamiento de embriones y su fin desconocido es otra de las aristas manifiestas de esta propuesta. En efecto, no cabe duda que este proyecto otorga en los hechos “derechos de propiedad” a favor de los solicitantes, quienes en primera instancia podrán “decidir” cuando los embriones humanos han de continuar en su proceso vital, reviviendo de este modo una nueva forma de
esclavitud en la que bajo el pretexto de supuestos derechos sexuales y reproductivos, queda subvaluado el derecho a la vida de un ser humano al “noble deseo” de maternidad y paternidad. No menos importante es además la comercialización de seres humanos, bajo el eufemismo de “donación” de embriones. Al respecto nos dirán que esto no es cierto, sin embargo su control sujeto al organismo sanitario que se encuentra totalmente colapsado en sus mínimas funciones, no nos dejan lugar a dudas para pensar que éste será campo fértil para que surjan tantos conflictos como lo permita la realidad, en la que siempre serán afectados los más débiles y los más vulnerables.

Ciertamente podemos continuar y hacer una mayor revisión y comentarios a todo el documento propuesto, sin embargo consideramos que lo antes mencionado, es suficiente para oponernos firmemente a tal proyecto de legislativo en la medida que el mismo es falso y evidentemente procura legalizar en nuestro país un negocio que juega a ser Dios.

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