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Jueves, 23 de Noviembre 2017


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Escribe: Nicolás Márquez.- Tal como viene sucediendo año tras año, es de esperar para este 24 de marzo (fecha convertida por el régimen anterior en insólito feriado turístico) un conglomerado de actos y encendidas alocuciones en repudio a las Fuerzas Armadas por haber tomado el poder del Estado en 1976.

En esta velada, al igual que en las predecesoras, recolectores de votos y figurones de circunstancia omitirán recordar el apoyo irrestricto que todos los partidos políticos, personalidades múltiples y diferentes estamentos de la sociedad civil de todas las ideologías le dieron a la pacífica sublevación militar que destituyó a Isabelita y la impresentable corte de ladrones que la secundaba.Motivos para tal consenso no faltaban: antes del mentado 24, en los tres años de gobierno constitucional precedentes, el terrorismo peronista de la AAA había asesinado a medio millar de personas; el terrorismo marxista (“jóvenes idealistas” les llaman algunos medios) protagonizado por el ERP y Montoneros superaba los 7.000 atentados y los guerrilleros desaparecidos tras las órdenes presidenciales de “aniquilamiento del accionar subversivo” ya ascendían a 900.La semana previa al cambio de gobierno, diarios antagónicos entre sí como La Prensa y La Opinión informaban que, desde mayo de 1973, el terrorismo había causado 1.358 muertes.

En ese período, no sólo no se dictó ninguna condena a un solo terrorista, sino que centenares de ellos fueron amnistiados durante el lamentable pasaje del vacilante Héctor Cámpora. Otro dato que tampoco será evocado esta semana, es que entre 1969 y 1979, las bandas terroristas fueron autoras de 21.665 atentados subversivos (hechos y cantidades ratificados en la sentencia dictada el 9/10/1985 por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Cap. 1. Cuestiones de hecho – Causa 13).

Por entonces, ante la inminencia de un “golpe”, no sólo no hubo ni una sola voz en contra de la reacción cívico-militar en ciernes (a excepción de una solitaria solicitada del Ingeniero Alvaro Alsogaray), sino que la clase política promovía ansiosamente el reemplazo y cambio de gobierno a efectos de desembarazarse de una situación inmanejable. A modo sintético y ejemplificativo, el 21 de marzo el diario Clarín informaba: “Los legisladores que asistieron al Parlamento se dedicaron a retirar sus pertenencias y algunos solicitaron un adelanto de sus dietas”; el mismo día, el matutino La Razón completaba: “Hay tranquila resignación en el Congreso frente a los inevitables acontecimientos que se avecinan”.

El oficialismo, capitaneado por Isabelita y el hechicero José López Rega (este último semanas atrás se había profugado al exterior), no sólo no brindaba respuesta eficaz a la guerra civil desatada por el terrorismo marxista, sino que potenciaba el caos con su manifiesta incompetencia gubernamental.

De la oposición nada podía esperarse, puesto que el jefe de ésta, Ricardo Balbín (a la sazón presidente de la UCR), efectuó un público y desembozado lavado de manos el 22 de marzo, alegando: “Hay soluciones, pero yo no las tengo”. Días atrás (el 27 de febrero), el comité nacional de la UCR publicó la siguiente declaración destituyente: “El país vive una grave emergencia nacional… ante la evidente ineptitud del Poder Ejecutivo para gobernar… Toda la Nación percibe y presiente que se aproxima la definición de un proceso que por su hondura, vastedad e incomprensible dilación, alcanza su límite”. Incluso, hasta el mismísimo Partido Comunista, el 12 de marzo reiteró su propuesta de formación de “un gabinete cívico-militar”. El senador radical Eduardo Angeloz, con sutil imprecisión arengaba: “Alguien tiene que dar la orden…alguien tiene que decir basta de sangre en la República Argentina”.

Como si la guerra civil y el desgobierno fueran insuficientes, los números económicos se desplomaban y la hiperinflación (según informe de FIEL) arrojaba una proyección anual del 17.000% para 1976. Durante los días previos al 24 de marzo, las declaraciones de personalidades y las notas de los diarios reflejaban el clima de terror y el desgarrador pedido de cambio de gobierno. La Opinión publicaba: “Un muerto cada cinco horas, una bomba cada tres” (19/03/76). El 23, nuevamente el diario socialista La Opinión titulaba: “Una Argentina inerme ante la matanza”, y agregaba: “Desde el comienzo de marzo hasta ayer, las bandas extremistas asesinaron a 56 personas”; esa fecha, La Razón redundaba: “Es inminente el final. Todo está dicho”. Pero la expresión más clara de lo que la clase política podía dar fue del diputado Molinari: “¿Qué podemos hacer? Yo no tengo ninguna clase de respuesta”.

En efecto, la hipocresía de los que ahora cuentan la historia oficial a base de aforismos humanísticos ocultan que “la inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos”, textuales palabras dirigidas a la revista alemana “Geo” en 1978 por el escritor Ernesto Sábato: el mismo tránsfuga que después presidió la Conadep y prologó el libro “Nunca Más” financiado por el inconcluso gobierno de Raúl Alfonsín.

Pero el apoyo generalizado a los militares de los mismos sectores que hoy repudian a los “genocidas” no se limitó al 24 de marzo. Una vez constituidas las nuevas autoridades, estos no sólo respaldaron al flamante gobierno sino que se sumaron al mismo ejerciendo diferentes cargos en la función pública. Tanto es así que el 25 de marzo de 1979, el diario La Nación detallaba que de las 1.697 intendencias vigentes en la gestión del Presidente Jorge Rafael Videla, solo el 10% de ellas eran comandadas por miembros de las FF.AA.; el 90% restante, estaba conformado por civiles repartidos del siguiente modo: el 38% de los intendentes eran personalidades ajenas al ámbito castrense de reconocida trayectoria en sus respectivas comunas, y el 52% de los municipios era comandado por los partidos tradicionales en el siguiente orden: la UCR contaba con 310 intendentes en el país, secundada por el PJ (partido presuntamente “derrocado”) con 192 intendentes; en tercer lugar se encontraban los demoprogresistas con 109, el MID con 94, Fuerza Federalista Popular con 78, los democristianos con 16, el izquierdista Partido Intransigente con 4 y el socialismo gobernaba la ciudad de Mar del Plata. En otras áreas gubernamentales, el socialista Américo Ghioldi se constituía en embajador en Portugal; en Venezuela, el radical Héctor Hidalgo Solá haría lo propio, Rubén Blanco en el Vaticano y Tomás de Anchorena en Francia; el demoprogresista Rafael Martínez Raymonda en Italia, el desarrollista Oscar Camilión en Brasil y el demócrata mendocino Francisco Moyano en Colombia. Asimismo, el Partido Comunista emitió proclamas de apoyo al gobierno. Tanto es así que ésta fue la primera gestión cívico-militar que no prohibió ni declaró ilegal al polémico partido.

Pero nada de todo esto será mencionado en este 24 de marzo en los respectivos carnavales de la memoria que se tienen previstos.

Por supuesto que lo que hoy más molesta a los vendedores de relatos no ha sido “el golpe” en sí, puesto que en la Argentina golpes hubo a borbotones y nadie se encarga de recordarlos: empezando por los golpes en los que participó el fundador del principal partido de la Argentina, Juan Perón, quien no sólo participó en la sublevación de 1930´ sino también en el de 1943´ y en este último gobierno militar Perón ejerció el cargo de VicePresidente de la Nación. En rigor de verdad, lo que molesta a los reescribidores de historietas es que los militares hayan impedido a la guerrilla liderada por Mario Firmenich (Montoneros) y Mario Roberto Santucho (ERP) tomar el poder del Estado e instaurar una dictadura comunista.

Por supuesto que el gobierno militar del Proceso de Reorganización Nacional cometió errores y horrores en el marco de la guerra civil desatada por el terrorismo marxista, pero en absoluto estos fueron en la proporción ni en la dimensión que pretenden endilgarles sus indecorosos enemigos. Tanto es así que hasta el propio Firmenich en torno al fenómeno de los “desaparecidos” le confesó y reconoció el periodista Jesús Quinteros (en nota publicada en Página 12, el 17 de marzo de 1991) que durante la guerra antiterrorista, el margen de error o daños colaterales de los militares fueron mínimos: “Habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver, pero la inmensa mayoría era militante y la inmensa mayoría eran montoneros (…) A mí me hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido de que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte”.

Como vemos, el saldo de aquella guerra fue demasiado triste como para que hoy sea usado por los empresarios de los derechos humanos como fetiche proselitista o negocio rentístico: 8000 muertos entre caídos y desaparecidos por un lado más 1500 asesinados por la guerrilla por el otro es el doloroso legado de aquel largo y violento conflicto interno.

Se va otro 24 de marzo, el número 40´, y otra vez nos estamos perdiendo una renovada oportunidad de discutir y repensar en serio el pasado reciente, dejando atrás la ideologizada parcialidad de la memoria y abrevando en la historia, que es la única ciencia que nos puede facilitar armar de manera completa el rompecabezas setentistas y así arribar a una verdad integral lo más fiel y próxima cuanto sea posible, y con ello de superar los enconos del ayer, solucionar los problemas del presente y encarar un futuro con mejores perspectivas.

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