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Lunes, 20 de Noviembre 2017


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Escribe: P. Mario Arroyo*.- Recientemente se ha firmado en el Perú el pronunciamiento “Por escuelas laicas y sin discriminación”, el cual, bajo pretexto de eliminar una supuesta “discriminación” busca limitar, cuando no eliminar completamente, la educación religiosa de los colegios peruanos. El método es el habitual: crear unas falsas víctimas, argumentando que son maltratadas por faltar al curso de religión. Tal campaña se orquesta dentro de una ofensiva generalizada de algunos políticos para eliminar la presencia de la religión en la vida pública, es decir, defender un injusto laicismo. ¿El motivo? La religión y la familia son los únicos diques a su política de adoctrinamiento ideológico. No en vano Alberto de Belaunde, uno de los promotores, sugiere sibilinamente que los cursos de “Persona, Familia y Relaciones Humanas” o “Educación Ciudadana y Cívica”, ya fomentan los valores en los niños peruanos. La pregunta del millón es, ¿cuáles valores? Precisamente esos cursos transmiten ideología de género, y eso a pesar de que el Ministerio lo niegue y de que los padres de familia se han manifestado decididamente en contra del adoctrinamiento ideológico en los niños y jóvenes peruanos. Obviamente es la ideología que dicho congresista y los firmantes del manifiesto buscan imponer en el lugar de la religión.

 

Tal ofensiva laicista precisa de un correcto encuadramiento. Es decir, hay multitud de cosas que se dan por supuestas y no son exactas. Lo primero es el dogma del estado laico. La constitución peruana no dice por ninguna parte que el Perú sea un estado laico. Sí afirma en cambio, en su artículo n. 50: “El Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”. Además, el Artículo XIX del Concordato (tratado internacional) que el Perú firmó con la Santa Sede dice: “Para el nombramiento civil de los profesores de Religión Católica de los centros educacionales públicos, en los que continuará impartiéndose, como materia ordinaria, la enseñanza religiosa, se requiere presentación del Obispo respectivo”. En definitiva, tanto la Constitución como el Concordato reconocen el papel de la Iglesia y la importancia del curso de religión; esa es la realidad, no es un dogma, pero es lo real. El supuesto “estado laico” no aparece por ninguna parte.

Ahora bien, que el Perú actualmente de hecho no se defina como “estado laico”, no significa que sea un estado confesional, que haya una religión oficial, o que no respete la libertad religiosa (pues esta última es reconocida expresamente por la Constitución). En eso se nota la torcida intención del manifiesto, pues actualmente existe la posibilidad de exonerarse del curso religioso, y como el mismo de Belaunde reconoce, 400 mil alumnos lo han hecho del 2011 al 2016. Es decir, no se trata de una letra muerta, sino de una realidad perfectamente factible. No se precisan ulteriores restricciones, salvo que se quiera inocular una ideología extraña al Perú, como parece ser el caso.

El tema de fondo es que por laico pueden entenderse dos realidades contrapuestas. La sana laicidad, que dicho sea de paso es recomendada por la misma Iglesia y es una aportación del cristianismo a la civilización, simplemente afirma: el estado es incompetente en materia religiosa. No le corresponde dirimir cuál es la verdadera religión. Únicamente le compete garantizar la libertad religiosa, como parte del bien común que debe fomentar en la sociedad y justifica su existencia. La libertad religiosa es un bien de los ciudadanos y por ello mismo debe ser fomentada por el estado, nunca obstaculizada; libertad no solo en la conciencia, sino también en la vida pública, vigilando exclusivamente que no se lesionen la moral y el orden público.

Frente a esa concepción se levanta el laicismo, que subrepticiamente quieren imponernos de Belaunde y sus corifeos. Según esta postura, de facto se fomenta un ateísmo de estado con pretexto de imparcialidad. La libertad religiosa no es un bien que se fomenta, sino algo que se tolera, buscando erradicar toda presencia de la religión en la sociedad –y limitando con ello, drástica e injustamente, la libertad religiosa de los ciudadanos-, con la intención de que pueda existir, a lo sumo, en el interior de la conciencia individual. No en vano, de Belaunde termina citando un texto francés sobre el estado laico. Francia, de hecho, no es un estado laico sino un estado laicista, donde un niño no puede ir a la escuela con un crucifijo en el pecho, regaló de su abuela por la primera comunión.

Por último, y es el injusto “voluntario olvido” de siempre, los que detentan el derecho de educar a sus hijos según sus convicciones son los padres. El estado en este aspecto es subsidiario, simplemente debe ayudar a los padres en la tarea educativa. Si no lo hace, se vuelve un estado totalitario, que busca imponer su particular ideología, a despecho de quienes engendran, educan, cuidan y alimentan a los niños. En este caso, además, quitar a los niños el curso de religión supone ocultarles su identidad cultural (hecho histórico reconocido por la Constitución), para inocularles unos principios y unos “valores” extraños, importados de países como Francia a los que de Belaunde alude.

 

(*)Doctor en Filosofía
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