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Jueves, 23 de Noviembre 2017


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cobriza

Escribe: Guillermo Schoof Chávez.- La mina Cobriza, que hoy, sometida por deudas a un proceso concursal ante sus acreedores, se debate entre la venta y el cierre de operaciones, más por estar involucrada con el Complejo Metalúrgico de La Oroya en un solo grupo económico de propiedad de DOE RUN PERÚ que por sus propios resultados; está ubicada en la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica, a 5 horas por carretera de la ciudad de Huancayo. Inició sus operaciones oficialmente el año 1968, aunque ya varios años antes había estado siendo trabajada en las etapas de exploración y desarrollo.

 

El año 1971 era una Unidad de operación moderna para la época y administrada con éxito tanto por la Gerencia descentralizada entre Delaware – USA y Lima y La Oroya – Perú, como por la propia plana ejecutiva residente en la mina misma; integraba en tal condición la gran empresa minero metalúrgica CERRO DE PASCO CORPORATION, cuya casa matriz era la CERRO CORPORATION de Estados Unidos de Norteamérica. Se trataba de un gran complejo económico que constituía el primer empleador privado del País, con 16 mil trabajadores, repartidos entre 9 centros laborales localizados en 5 departamentos diferentes. Sus ventas – enormes para la época – eran de casi 700 millones de dólares por año, con lo cual resultaba aportando más del 20% de las divisas que ingresaban al Perú, cuyas exportaciones nacionales totales ascendían a 3,000 millones de dólares (hoy esa cifra ni siquiera alcanza para el despilfarro de la refinería de Talara o para los robos de la Interoceánica o el Metro 2).

En el plano sindical, los trabajadores se organizaban en 27 sindicatos; 11 de empleados y 16 de obreros, agrupados cada nivel ocupacional en una Federación (la de Empleados de la Cerro de Pasco Corporation y la de Trabajadores Minero Metalúrgicos de la Cerro de Pasco Corporation). Era principalmente el sector laboral de obreros el que estaba y había estado por mucho tiempo en la mira de los dirigentes políticos, pues por su magnitud, por su influencia en todas las demás empresas mineras y por pertenecer a la actividad económica minera, era un punto clave en la campaña de difusión de las ideologías ultras y eje importante para afectar la economía nacional. El País estaba gobernado por los militares entre los cuales predominaba la inclinación pro-moscovita, lo cual incitaba a que los políticos de tendencia pekinesa buscaran continuamente obstaculizar su gestión; trasladado esto al terreno partidario y de allí al laboral, surgían – sin perjuicio de otros grupos menores – dos agrupaciones: Vanguardia Revolucionaria, moscovita, y una casi nueva escisión de la anterior, Patria Roja que se identificaba más con la China y tenía una posición más radical. Ambas facciones pugnaban por el control de los 16 sindicatos obreros de la Cerro de Pasco y por el premio mayor, la Federación Obrera.

En 1971 el Secretario General de dicha Federación era un joven, inteligente y políticamente radical trabajador de Cobriza que anteriormente había liderado el sindicato de esa Unidad, Edilberto Gonzales Chávez, cuya filiación correspondía a Patria Roja, grupo que mantenía la supremacía en la misma. A su vez, el Secretario General del Sindicato, Pablo Inza Basilio, no tenía militancia partidaria, pero destacaba por su agresividad a la hora de formular reclamos aunque podía ser manejado por los elementos politizados de su gremio; era un licenciado de las fuerzas armadas que en su oportunidad había tenido algún reconocimiento en el Ejército por su aptitud como tirador; aparte de él, la mayor cantidad de dirigentes de la unión eran de militancia o simpatías por Patria Roja. Ese era el conflictivo contexto político laboral de la época.

En el plano empresarial, los resultados económicos de la empresa correspondientes a los últimos años no habían sido muy halagüeños debido principalmente a tres factores: a) La conflictividad político-sindical que arremetía con constantes paralizaciones de labor con las pérdidas de producción y económicas que tenían como consecuencia; b) Los precios internacionales de los metales, que estaban en período de baja; y, c) Problemas derivados de la antigüedad de las instalaciones metalúrgicas de la fundición de La Oroya, construída en 1905, en la cual era necesario hacer inversiones importantes sin que la situación social incentivase a hacerlas. Bajo ese panorama, la casa matriz Cerro Corporation había iniciado ante el gobierno militar dos expedientes; uno, ofreciendo la empresa en venta y, el segundo, pidiendo se apruebe una prórroga en la vigencia de la Convención Colectiva que estaba por vencer, de manera que ese año no hubiese aumentos salariales. Al mes de noviembre de ese año, la negociación colectiva, que tenía lugar cada año con la Federación que agrupaba a los 16 sindicatos obreros, ya se había iniciado en base al exorbitante y fantasioso pliego de reclamos que tradicionalmente solía formular el gremio con el ánimo de dificultar cualquier solución armónica, con la diferencia que en esa oportunidad, ante cada punto que se ponía en debate, la respuesta de la representación empresarial era cual cantaleta: "La empresa lamenta no poder formular ninguna oferta a este punto, pues al haber planteado al gobierno la prórroga del Convenio Colectivo aún vigente, está esperando su pronunciamiento". El mismo tenor fue repetido a cada uno de los más de cien puntos que contenía el petitorio.

Así las cosas, por informaciones recibidas de inteligencia se supo que las dirigencias políticas, reunidas en Morococha, Unidad controlada por Jesús Riveros Aquino de Vanguardia Revolucionaria, habían acordado capturar rehenes en todos los campamentos mineros simultáneamente, como una forma de presionar a la solución de sus peticiones, pero fundamentalmente de acorralar políticamente al gobierno con un problema de difícil solución. Incluso se sabía que la fecha fijada para esa acción coordinada era el 6 de noviembre. Téngase en cuenta que las acciones de Patria Roja no diferían mucho de las que hubieran podido decidir los grupos que se irían formando a su sombra, Pukallacta, Bandera Roja y Sendero Luminoso, cada uno progresivamente más radical.

La Unidad Cobriza – comúnmente llamada campamento en el uso minero – es una quebrada, separada del departamento de Ayacucho por el río Mantaro, y sus instalaciones están desde los 2,200 metros de altitud, donde se ubican el cine al aire libre y el campo de fútbol denominado El Platanal, hasta los 2,700 donde se encuentra la zona residencial de los funcionarios denominada Parco; entre uno y otro extremo están las oficinas, la concentradora, los talleres, las plataformas de residencia de empleados, las de obreros, el área comercial, el hospital, las bocaminas y el local sindical, entre otros, unidas todas las dependencias por una carretera que, cual serpentín, recorre las faldas del cerro por aproximadamente 5 kilómetros. La explotación minera era por galerías cómodas, iluminadas y ventiladas, de donde la única vista exterior es la de la bocamina de acceso horizontal.

Es en ese contexto que, adelantándose al acuerdo general, el 5 de noviembre 500 trabajadores de Cobriza agitados, exacerbados sin causa sólida, por los dirigentes políticos, usaron cualquier pretexto para invadir Parco y capturar tres rehenes de entre los ejecutivos: el Superintendente jefe del campamento, el canadiense Jhon Ukos; el Jefe de Geología, el holandés Daniel Bronkhorst; y quien esto escribe, Guillermo Schoof Chávez, Jefe de Relaciones Industriales. En los siguientes días continuaré narrando este hecho, que terminó el 10 de noviembre, hace exactamente 46 años, gracias a una brillante operación comando de la en ese entonces Unidad de Servicios Especiales de la Guardia Civil.

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