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Miércoles, 13 de Diciembre 2017


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recunaru

Escribe: Jorge Chapas.- Este, es el título de la disertación que hice en el VIII Seminario Interuniversitario, Economía para la Política, celebrado en Quetzaltenango el viernes 13 y sábado 14 del corriente.

La pregunta, por demás interesante, plantea el desafío de romper el paradigma de los bienes públicos sobre el cual yace toda la idiosincrasia guatemalteca—y también latinoamericana. Supone la mayoría de personas en estas latitudes y longitudes que los recursos naturales deben ser tutelados por el gobierno pues en los ciudadanos reside una intensa ambición y espíritu destructor.

 

La falta de educación, dicen, no les hace comprender que el agua, los bosques, el suelo y el subsuelo deben protegerse, al punto casi de mantenerse intactos (¿De dónde entonces—pregunto, deben surgir todos los bienes materiales que hoy nos permiten vivir con ciertas comodidades, mismos que, a la vez, aplazan nuestra muerte y nos alejan de la hostil naturaleza?).

Aquella mentalidad que otorga al estado la tutela de los recursos naturales es resultado de una tradición institucional, la hispana anti-liberal. Guillermo Yeats en su libro El robo del subsuelo lo reseña claramente al observar en las ordenanzas de Alcalá de 1348 el siguiente texto: “Todas las mineras de oro, é plata, é de plomo, é de otra guisa cualquiera que Minera sea en el señorío del Rey, ninguno non sea osado de labrar en ella sin mandato del Rey”. Son estas las ideas que subyacen a nuestras instituciones, las que dan origen a un régimen prohibitivo, de permisos y de subsidios. Y son las instituciones las que dan vida a los incentivos y estos a los resultados. En nuestro caso, el de América Latina y Guatemala, los son la depredación, la contaminación y la sobreexplotación. Parafraseando a Einstein: si queremos resultados diferentes no hagamos siempre lo mismo...

Los recursos naturales deben ser de aquel que legítimamente los haya adquirido, ya sea mediante herencia, ya sea que haya puesto de por medio sus facultades, esfuerzo o trabajo para obtenerlo. Los recursos no son de aquellos que los han obtenido mediante el robo o el fraude. El economista mexicano, Luis Pazos, refiere que “la propiedad implica lo que los juristas llaman ius utendi, ius fruendi y ius abutendi: derecho a usar, disfrutar y consumir un bien. La propiedad es la facultad de decidir el destino de un bien”. Cuando cualquiera de estos actos es sometido mediante las leyes a un régimen prohibitivo, de permisos o de subsidios, la elección, en principio, deja de ser tuya y en consecuencia la propiedad pierde sus atributos.

Los bosques y la biodiversidad en Guatemala, por ejemplo, están sometidos a un régimen prohibitivo (sistema de áreas protegidas), de permisos (licencias forestales) y subsidios (programas de incentivos tales como PINPEP y PROBOSQUE); los tres mecanismos imponen restricciones o distorsionan el uso, disfrute y consumo de los bienes y servicios que presta ese recurso natural. Y ninguna de las tres políticas públicas ha logrado, ni logrará, lo que se ha propuesto...basta ver datos en los perfiles ambientales, los inventarios forestales nacionales, en la tesis de maestría de quien escribe y en las evaluaciones de la política forestal. Y

Bien dice John Calvin Coolidge Jr., presidente republicano de los Estados Unidos (1924), que “es más importante matar las malas leyes que aprobar las buenas”. Aquellas leyes contra el mejoramiento del ambiente deben ser derogadas y en su lugar restablecer un orden cuya esfera pública se confine a la seguridad y defensa, justicia y obras públicas (gobierno limitado) y a la esfera privada pertenezca todo lo demás: la economía, la educación y la salud de los hijos, los ahorros, la banca y el dinero, pero también los bosques, el agua, el suelo y el subsuelo (mercados libres), bajo el irrestricto respeto de la propiedad privada. ¡Piensa y actúa fuera de la caja!

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