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Miércoles, 13 de Diciembre 2017


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velarde

Escribe: Mario Linares.- La buena fe es un principio general de derecho. Debe presumirse en los vínculos contractuales y suele invocarse en cualquier relación que se presuma honesta y veraz.

En las relaciones de los particulares con la Administración pública, la buena fe alcanza mayor altura en atención a que la Administración se debe al interes público y al cumplimiento de la ley. Vemos entonces que es escandoloso que el Estado se desvíe de este principio y que emita y ejecute actos con intenciones veladas en contra de los contribuyentes. Pues bien, esto que es impensable, se verifica en San Isidro, pues se induce a error a los particulares a fin que estos paguen multas administrativas.

 

Antes de entrar en los hechos, me permito para mejor ilustrar al lector sobre esta inconducta, sobre lo que en la doctrina del derecho administrativo se denomina como Principio de Prohibición de Defraudación de la Confianza Legítima Generada en el Administrado. El precedente que marca el inicio del principio proviene de Alemania durante la guerra fría.

Una anciana viuda consultó si cruzando el muro seguiría percibiendo su pensión. La dependencia correspondiente de Alemania Occidental le indicó que si. Animada con la respuesta, cruzó y se instaló percibiendo la pensión. Luego de un tiempo recibió una comunicación que le indicaba que el acto administrativo que respondió a su consulta era nulo, pues este no consideró determinados aspectos legales y que en consecuencia dejaría de recibir la pensión y además debería devolver lo irregularmente percibido.

Ante la impugnación de la viuda, la instancia suprema alemana falló en el sentido que por sobre el principio de legalidad, inclusive, se alza el de protección a la buena fe de los administrados o el principio de protección de la confianza creada al ciudadano por la propia Administración, ordenándose por tanto la restitucion de la pensión.

El fallo alemán proscribe como es de verse no solo la arbitrariedad de la Administración sino que también los actos que sancionen comportamientos de los particulares que fueron permitidos o impulsados por la propia Administración, no estando permitido que se invoque la ausencia de debida diligencia del particular en contra de la confianza creada o el simple desconocimiento de la ley.
Usted lector, ¿Que pensaría si lo multan por exceso de velocidad de 40km por hora si dos cuadras antes vio una señal que le permitía ir hasta 50 y luego no vio ninguna?

Pues bien, algo parecido sucede en San Isidro. La modalidad de emboscada del Alcalde es otra, la mala fe evidente, la misma.

Veamos, se pinta de amarillo solo parte del sardinel de la vía. Es decir, se invita al estacionamiento en donde no existe pintura. Estando llena la calle de autos estacionados en toda la parte de la cuadra sin pintar, aparece la Grua Municipal llevándose su auto al depósito e imponiéndole una infracción de 400 soles. La razón que aducen los adiestrados vigilantes municipales es que usted y yo debemos conocer el Reglamento y que está prohibido estacionar en el lado derecho de la vía y que la calle no es cochera.

Yo no llevo el Reglamento de Transito de diario y usted tampoco. Se trata de una maniobra estudiada, premeditada. Se invita a estacionar en la parte no amarilla. Se crea confianza de licitud; se explota la buena fe alentada por la propia Administración para que el particular incurra en error, todo con exclusivo ánimo recaudatorio. Y eso de que la calle no es cochera, por favor, en cualquier ciudad del primer mundo existen señales y reglas precisas que permiten ello.

Hay más. La emboscada de las dos horas. Hay zonas en donde se dice que para evitar los "estacionamientos de oficina", se permite estacionar dos horas, de lo contrario, multa y depósito por 800 soles. Si el fin fue evitar que los oficinistas monopolicen el estacionamiento público, la medida mas razonable hubiese sido 3 horas y no dos, pues hay gestiones y reuniones que indudablemente superan los minutos "concedidos". Puede verse entonces que el fin no es el aparente, no es evitar que gente prepotente ocupe estacionamientos por toda la jornada laboral, el fin es esperar que usted se demore dos horas y un minuto para multarlo. Sr Alcalde, las decisiones discrecionales de las autoridades para no devenir en arbitrarias y por lo tanto en ilegales deben ser razonables y proporcionales con el fin que persiguen además de ser lo menos restrictivas posibles en cuanto a los derechos de los ciudadanos. Esto también esta normado en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

No es necesario conocer de jurisprudencia comparada Sr. Alcalde para saber que no se puede sorprender al ciudadano en la confianza que suscita la propia municipalidad pintando parcialmente de amarillo los sardineles. Tampoco debe saber al dedillo los principios contenidos en nuestra Ley del Procedimiento Administrativo General. Para actuar rectamente puede utilizarse solo el sentido común, tratar a la gente con respeto, tener temor de ofenderla con justificaciones tontas y sobre todo teniendo cuidado de no defraudarla en su buena fe optando por la criollada legal, por el tinterillaje, por la emboscada o celada, por el abuso del derecho, por la inducción a la ciudadanía de un comportamiento con la sola finalidad de recaudar ingresos. La criollada, así sea maquillada, a la larga no da frutos. Ojala rectifique, ojala deje de sorprender a sus contribuyentes y a los ciudadanos que trabajan o están de paso en su distrito. Ojala comienze a actuar de buena fe señor Alcalde.

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