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Viernes, 20 de Julio 2018


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palacio niega que ppk

Escribe: Jorge De Lama Vargas*.- Personalmente, creo que quien votó de buena fe por un candidato no tiene por qué sentirse obligado a defender todas sus decisiones, mucho menos, si se descubre posteriormente que éste ha cometido delitos o irregularidades. El ejercicio de nuestro derecho a elegir al candidato de nuestra preferencia, nos legitima a vigilar, controlar y desaprobar los actos de éstos incluso a convertirnos en sus principales críticos.

Sin embargo, lo que comúnmente observamos en las redes sociales y en los espacios públicos, es que el elector que ha sido defraudado, ejerza una defensa acérrima del candidato por el cual votó, a pesar que tal objetivo lo lleve a esgrimir argumentos bastante endebles.

 

Luego de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski revelara en una radio nacional que había brindado asesoría al proyecto H20lmos, de propiedad de ODEBRETCH a través de First Capital Partners; Juan Sheput, en su defensa, dijo que brindar asesorías no es un ningún delito, y mucho menos cuando en el tiempo en que fueron brindadas no se tenía idea de las gestiones y actos delictivos de ODEBRETCH. Este mismo argumento ha sido esgrimido por muchas personas en redes sociales, inclusive luego de haberse revelado que el presidente recibió pagos de ODEBRETCH por haberle brindado asesorías financieras, en los tiempos en los cuales era Ministro de Estado. Este argumento es absolutamente equívoco, sin embargo ha sido tan difundido que merece ser analizado.

¿Brindar asesorías es un delito?
Así planteada la pregunta, la respuesta es que, en términos generales, no. Sólo lo será dependiendo de la condición de la persona que brinda la asesoría. Y allí es donde nos detenemos, porque el artículo 126° de la Constitución, establece que los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.

PPK fue Ministro de Economía y Director de Proinversión desde febrero del 2004 hasta agosto del 2005, donde asumió el cargo de Presidente del Consejo de Ministros hasta julio del 2006. ODEBRECTH se adjudicó el Proyecto Trasvase Olmos el 17 de mayo del 2004. De acuerdo al documento enviado por ODEBRECTH, la empresa Concesionaria Trasvase Olmos pagó a Westfield Capital, empresa personal del presidente, el monto de 20,000 dólares por concepto de ‘’Comisión fija, estructuración y colocación’’, el 25 de mayo del 2005, por lo que es claro que dicho pago se realizó mientras PPK se encontraba impedido de ejercer actividades económicas. Lo cual constituye como mínimo, haber cometido el delito de negociación incompatible con el cargo, acto ilícito tipificado en el artículo 399° del Código Penal. El Ministerio Público tiene la tarea de determinar las demás imputaciones que correspondan, tales como cohecho o colusión.

Tampoco se puede esgrimir en defensa del presidente, que dichas asesorías fueron brindadas en un momento en el cual nadie tenía idea de las gestiones y actos delictivos de ODEBRETCH. Es absolutamente cierto que una gran cantidad de peruanos, como usted o como yo estimado lector, no teníamos absoluta idea de las gestiones ilícitas que realizaba ODEBRETCH; pero ni usted ni yo, ni la gran mayoría de peruanos, hemos sido Presidente del Consejo Directivo de Pro inversión, Ministro de Economía o Presidente del Consejo de Ministros en la época en que ODEBRETCH se adjudicó la Carretera Interoceánica o el Proyecto Trasvase Olmos. A diferencia del resto de los ‘’mortales’’, PPK tuvo una posición privilegiada en cuanto a la información y las gestiones que se realizaban durante los procedimientos de adjudicación, y además tenía un deber de cuidado de los intereses del estado propio de su cargo como Ministro.

En ese sentido, por más que lo deseen los electores que de buena fe votaron por PPK, no podemos abstraer del caso, aquellas situaciones o hechos que son intrínsecos al mismo. PPK cometió delito de negociación incompatible, no por brindar una asesoría, sino por brindarla cuando se encontraba prohibido de hacerlo en atención a su cargo como Ministro de Estado. Asimismo, cometió el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo cuando negó por escrito a la Comisión Lava Jato haber tenido relación profesional o comercial con ODEBRETCH.

(*)Abogado por la PUCP - Coordinador Académico de la Red Nacional de Abogados para la defensa de la Familia

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