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Sábado, 26 de Mayo 2018


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CIDH

Escribe: Francisco Diez Canseco Távara.- Está claro que la caviarada quiere gobernar al Perú a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y, de hecho, y en gran medida, lo viene haciendo.

Vale la pena recordar la insólita sentencia sobre la asonada senderista en el penal Castro Castro que “obligó” al Estado peruano a indemnizar a los terroristas levantados en dicho centro de reclusión y, en un fallo manipulado y lleno de falsedades, validó a dicho grupo genocida que tanto daño le ha hecho al Perú.

En la etapa inicial de ese esperpento de proceso intervino, por supuesto, Diego García Sayán, el autor de por lo menos tres resoluciones supremas inconstitucionales por las cuales les condonó las penas a senderistas condenados por sus crímenes. A García Sayán lo salvó en el Congreso, de la acusación constitucional que le formulé por esa fundada razón, una coalición de intereses digitada desde Palacio por su homónimo García Pérez.

 

Gracias a la Corte IDH, los terroristas recibieron una serie de beneficios como el 7 por 1 y la virtual eliminación de la cadena perpetua. Claro, si para los caviares lo que hubo fue nada menos que un “conflicto armado interno” y no, como realmente ocurrió, la lucha del país entero contra dos sanguinarios grupúsculos.

En las últimas semanas, la Comisión Interamericana de DDHH, que encabeza un fracasado ex ministro de Justicia de Humala, el prominente caviar Francisco Eguiguren, ya adelantó opinión en contra del indulto a Fujimori sin sustento real, como lo analiza en forma brillante Domingo García Belaúnde. Y no defiendo la forma corrupta como se llegó a ese indulto que debió ser estrictamente humanitario.

Y la tremenda corte acaba de disponer que el Congreso de la República archive el proceso de acusación constitucional que tiene abierto contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional y que, ya es el colmo, aún no ha concluido.

Por cierto, dicho trámite está vinculado al debelamiento del motín senderista de El Frontón por el cual la caviarada persigue a un grupo de marinos peruanos desde 1986, acusándolos de haber cometido un delito de lesa humanidad.

Lamentablemente, el sistema interamericano de Derechos Humanos es hoy propiedad privada de los caviares.

Es hora de denunciar el tema frontalmente en la OEA para enmendarlo o de retirarnos del sistema.

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