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Martes, 21 de Agosto 2018


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Escribe: Augusto Zorrilla Peredo.- El caso de Arlette Contreras ha generado impactos negativos en la sociedad y sobretodo una terrible sensación de impunidad por dos razones: La primera consistente en la expectativa de máxima sanción impulsada por la prensa carente de análisis jurídico, sustentándose básicamente en lo emocional; y la segunda emanada de la ausencia de normas formales que quedaron cortas para sancionar lo que vimos con indignación. Por tanto, visto así, el resultado no es alentador desde el punto de vista social pues la Justicia penal no puede sancionar maltratos humillantes al consumarse la lesión a las víctimas indistintamente de su género. Es ahí donde el enfoque de género lejos de haber dado soluciones ha traído, por el contrario, problemas, dadas las motivaciones ideológicas de sus inquisidores y para nada propositivos desde el ángulo legal. Hasta ahora las estrategias se reducen a paliativos que no va al fondo del problema, son sólo una respuesta, lo cual en Criminología y Doctrina Penal se conoce como “Derecho Penal Símbolo” en donde el “labeling aproach” o “etiquetamiento” sólo se centra en castigar al varón que bajo esta discursiva se convierte en el objeto del tratamiento penal, aún cuando constitucionalmente se regula el principio de igualdad ante la ley: Se castiga al autor y no al hecho, convirtiendo al Derecho Penal en una torpe e ineficaz arma que deslegitima al sistema de coerción estatal.

 

Sobre esto se han pronunciado abundantemente; Roberto Bergalli, Alesandro Baratta, Zaffaroni y el mismísimo Claus Roxin, padre de la teoría de autoría mediata por dominio de organización, estudiando al etiquetamiento y al Derecho Penal Símbolo. Si a todo ello le sumamos la fuerte presión mediática y la debilidad institucional del Poder Judicial tenemos que la lógica operante en la ciudadanía es la del Juicio de Jesucristo, es decir, obligar al Juez a vindicar Justicia conforme al “criterio” de la masa. Ejemplos sobran pero el más saltante en los últimos años fue la detención de Paul Olortiga, viudo de Edita Guerrero, cantante de la banda “Corazon Serrano”, a quien capturaron con 70 agentes terna en Piura como si fuere Hanibal Lecter y quien fue declarado finalmente inocente. Al estar haciendo este simil, no quiero decir que el agresor Adriano Pozo sea un santo. Adriano Pozo es culpable, el problema es que la opinión pública no entiende “de qué” ni “por qué” y en eso tanto la prensa como las redes han contribuído sobretodo a desinformar, aumentando la brecha entre la población y el Poder Judicial. En conclusión, la gran mayoría de peruanos asume que no se ha impartido Justicia

Pero vamos a los antecedentes del caso: En julio de 2016 el juzgado penal de Ayacucho sentenció a un año de prisión suspendida al agresor nada más y nada menos que por el delito de “Lesiones Leves” conforme al Certificado Médico Legal, fijándose una reparación civil de 5000 soles. Para cualquier abogado en ejercicio no es un secreto que a un procesado por este delito, si es que no tiene antecedentes, se le sanciona con una sentencia de ese tipo, dicho de otro modo, el sentenciado no va a prisión. No obstante, en noviembre de 2016 La Sala de Apelaciones anula el fallo, disponiendo vuelva a fojas cero. Se arguyó que se sólo se consideró la imputación por lesiones leves, descartándose las acusaciones sobre violación sexual y feminicidio en la modalidad de Tentativa. Tampoco es un secreto para los abogados penalistas que antes de este hecho y antes que el feminicidio entrare en vigor era y es común requerir a la fiscalía se acuse de Intento de homicidio y hasta asesinato en casos de lesiones graves y hasta leves, resultando casi siempre la imputación por tentativa desestimada.

El resultado de todo esto ya lo sabemos; Adriano Pozo ha sido eximido de sanción por Feminicidio y Violación Sexual. En cuanto al delito de Violación Sexual la acusación fiscal debió ser más agresiva para centrarse en ella y no en el intento de feminicidio. Además la fiscalía tuvo errores garrafales como demorar cinco días en entregar las prendas de la agraviada, rompiéndose la cadena de custodia y enervando la compulsión probatoria. En cuanto al feminicidio, debemos resaltar que es un delito de tendencia interna trascendente pésimamente elaborado y nacido de la ideologización, mas no de la técnica jurídica penal y como hemos visto ha terminado siendo una fórmula desastrosa, además exigirse el demostrar con pruebas que el agresor odia a las mujeres por su condición de tal. Hace unos meses un drogadicto arrastró a su pareja por la calle, subiéndola a su domicilio como una bolsa de basura, muy similar al caso de Arlette Contreras por las circunstancias, al sujeto le aplicaron además la ley N° 30364 en donde la pena puede aumentarse hasta en un tercio por encima del máximo legal por ser conviviente, condición que Contreras no tenía porque no era conviviente.

¿Qué es lo que se debería proponer o incluir para estos casos en donde además de la lesión existe una brutalidad tan notoria? A mi entender, es necesario agregar como circunstancias agravantes al tipo penal de lesión los vejámenes o hechos análogos a los que se somete a la víctima porque el quantum base para tipificar la lesión física que determina que una lesión es leve o grave es el límite que impide sancionar este tipo de conductas humillantes contra la víctima. Habría que agregar que la pena se aplique indistintamente del sexo del agresor, independientemente si es varón o mujer.Por ello a casi dos años del caso de Arlette Contreras y Lady Guillen ( casos mediáticos puntuales porque hay miles y peores) no se ha logrado atenuar la violencia, porque la calidad del congreso actual lamentablemente se traduce en normas con serias minusvalías en la práctica.

Analizando la estructura típica de los delitos de lesiones podemos apreciar que las figuras agravadas se relacionan con la calidad del sujeto activo (agresor) y pasivo (víctima) por mediar un vínculo de parentesco o si la víctima es menor de edad, entre otros. Los legisladores en ningún momento incorporaron agravantes por “circunstancias o medios empleados” en el iter de ejecución del delito como sí se aprecia en el Asesinato, que es un homicidio agravado. Cuando por ejemplo vemos el vídeo de la agresión del hotel se aprecian vejaciones, crueldad, ferocidad, placer, alevosía. Es decir, conductas o circunstancias que tranquilamente pudieron haber sido incorporadas en lesiones graves y hasta leves. Por ello objetivamente se colige que los magistrados no pueden ir más allá de los límites máximos fijados en cada delito y tienen que basarse en el Reconocimiento Médico Legal (resultado típico) para castigar al agresor y no tienen base legal para sancionar las circunstancias que todos hemos visto y que nos repugnan porque simplemente no están tipificadas en el tipo penal de lesiones; ello al margen de las quejas a las que hubiere lugar por presuntas irregularidades procesales.

También se debe legislar en función al hecho y no al género: Se ha tipificado el feminicidio cuando ya estaba incurso en la figura de Parricidio (Uxoricidio) y ningún resultado positivo ha traído; eso es pura demagogia parlamentaria que vulnera el principio de igualdad ante la ley.
Quizá una fórmula legal en el sentido expuesto resolvería la sensación de impunidad al incluir esas mismas circunstancias agravantes del Asesinato: Crueldad, ferocidad, placer, alevosía y cualquier otra análoga en el delito de Lesiones Graves e incluso Leves, porque aún en éstas últimas pueden concurrir esos actos vejatorios y humillantes como hemos visto para así castigarlos con Justicia.
Los jueces y abogados como operadores del Derecho hacemos nuestro trabajo; corresponde al congreso mejorar estas falencias que deslegitiman al sistema convirtiéndolo en un derecho penal simbólico y por ello la reforma legislativa que se va a dar al Código Penal es impostergable y en la cual para una mejor sustentación ( a falta de luminarias en el parlamento) se debería contratar a los mejores especialistas del Perú e incluso del extranjero para incluirse en las comisiones revisoras o en los debates que ya se vienen dando.

Este es el momento para hacer reformas porque hay sensibilización; la opinión pública se ha estremecido con absoluta razón por estos casos debido al alto nivel de violencia ejercida contra las víctimas, enfilando contra los magistrados en ambos casos. En los medios no se ha invitado a especialistas del Derecho Penal a emitir sus opiniones del caso, sólo a políticos y periodistas, que por lo general hacen un circo demagogico, además de abogados irresponsables en redes que escriben cualquier cosa. Como podrán haberse dado cuenta ya nadie habla del tema, es un periódico de ayer que a las feministas radicales sólo les gusta vender cuando hay cámaras, siendo una terrible realidad que merece la atención de todos y en especial de los legisladores

Finalmente las normas penales tampoco van a resolver mucho ya que se aplican cuando el daño causado por el delito ya ocurrió, así que nos estamos engañando al pensar que sólo con sanciones penales este grave problema va a atenuarse. Se requiere más y ahí es donde el carácter preventivo general del Derecho Penal debe cobrar vigencia, es una gran tarea y necesaria si es que queremos una mejor sociedad, pero requiere decisión política para implementar estrategias transversales en un país donde no hay Política Criminal.

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