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Lunes, 18 de Febrero 2019


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secoooo

Escribe:P. Jose Luis Aberasturi.- El pasado jueves, 24 de enero, en el programa “Ciudadela” de radioya, nos preguntaban a Alberto Bárcena y a mí, sobre el “bien común”, mirando a un posible superdomingo electoral dentro de pocos meses, quizá el próximo mayo, en el que se nos invitará a ir a votar.

Los dos coincidimos en que ese concepto, “bien común”, acuñado casi diez siglos atrás en el seno de la Iglesia al servicio de los gobiernos y gobernados -antes, nunca se había oído tal cosa: era un “impensable” tanto para gobernantes como para gobernados-, era un concepto que, como tal, había desaparecido con el advenimiento de las democracias occidentales. Fruto e influjo de las revoluciones al uso: francesas, comunistas, masónicas. Tal cual.

Y es que, como demuestra la Historia y aunque no lo queramos admitir, las cúpulas de todas las “revoluciones” que se precien, aman entrañablemente a los que “salvan” y “liberan”: a los que “redimen”. ¡Vamos, que se descuidan y los matan! Y aunque no se descuiden, también; pues todas se han hecho con sangre: desde la tristemente “famosa” y francesa de 1789, hasta la castrista, la bolivariana, las nicas, o la boliviana de nuestros días. Porque desde la primera no han parado, ya que a los adalides de las mismas les va siempre muy bien. Otra cosa es al resto del personal, el “pagano” del convite.

Todas se han hecho también desde un nicho ecológico y genético que siempre incluye, como no podía ser menos, el ANTICATOLICISMO rabioso; fruto e influjo, como digo, de sus orígenes más íntimos: la masonería primero y, tras el triunfo de la francesa y a partir de 1917, desde la militancia comunista además: las dos FRANQUICIAS ATEAS por excelencia.

¿Por qué anticatólicas? Porque tenían delante un único “enemigo” –“el” enemigo- que, hasta hace cuatro días como quien dice, siempre les había plantado cara: les hacía frente, como no podía ser de otra manera, para defender a las gentes frente a los poderosos que tienden, por naturaleza caída, a abusar del resto.

Lo de ahora, en una parte -no pequeña, y bien significada- de la Iglesia Católica es lo que no se entiende, porque es “pasarse al enemigo”: o sea, una TRAICIÓN a sus hijos en toda regla; que, de ser aquellos a los que la Iglesia, por mandato expreso del Señor, se debía en cuerpo y alma, pretenden convertirlos, en y desde Ella, en los “paganos de turno”. ¡Demasié, oigan!

¿Qué había puesto la Iglesia encima de la mesa -acuñado en lo recibido por Dios, lógicamente- para que se la viese como el enemigo a batir y vencer? Pues habían puesto las coordenadas para que ningún poder público que se preciase de tal y quisiera ser fiel a su vocación y misión, a su función y servicio, y quisiera presentarse delante de Dios con la conciencia en condiciones de aprobar el juicio final, lo pudiera hacer; y con buena nota. Antes, la inmensa mayoría de la gente creía en Dios: y todo iba mejor, y a todos iba mejor.

¿Qué coordinadas? Solo dos -las cosas, cuando se hacen bien, mirando a Dios, son realmente sencillas-, aparte los mandatos morales vigentes para todo hijo de vecino y, por tanto, también para los gobernantes: “el principio de subsidiariedad”, y “el servicio al bien común” de las gentes todas.

Machacar estos dos principios solo traía -necesariamente: esos eran los frutos- la dictadura, la corrupción, el desprecio a las personas, la violencia y, por todo ello y más, la ruptura del orden social. Y como era lo que pretendían en concreto las tales “revoluciones” –¡y vaya si lo eran: de pies a cabeza!-, se pusieron como fin de toda su vida el cargarse a la Iglesia. Tendrían así en sus manos al resto del gentío, perdidos y sin posibilidad de mirar a ninguna Verdad que les salvase y les liberase -“Veritas liberabit vos”-, ni a ningún poder al que recurrir.

El primero, el “principio de subsidiaridad”, se dirigía únicamente a los gobernantes: debía ser su principal objetivo para no pasar por encima de la libertad de actuación de sus súbditos o ciudadanos, que tienen el deber moral, de cara a la sociedad en la que viven, de intervenir con sus iniciativas en los asuntos de la “res publica”: que no es un “cortijo privado” de los poderes públicos. Sí podían y debían los gobiernos regular legalmente esas actividades para que no se produjeran inmoralidades que perjudican a la sociedad entera: fraudes o monopolios, por ejemplo.

Tal “principio” se formulaba y se traducía en que “allí donde la iniciativa privada llegaba, el Estado no podía entrar, porque no debía entrar”: era salvaguardar lo que hoy llamamos la “iniciativa privada”; porque el Estado ni estaba ni está para competir -mucho menos, anular y combatir- la iniciativa de las “personas particulares”, sus gobernados; que no son, por definición, “personas públicas”, como los componentes de los gobiernos, de los partidos, etc.

El segundo principio, el “servicio o salvaguarda del bien común”, tenía aún más enjundia y más recorrido, porque ponía obligación en conciencia tanto a gobernantes como a gobernados que, con ello “se encontraban” así “unidos” precisamente en esa tarea “común” -nunca mejor dicho- a ambos estamentos: era el “bien común” de todos. La tarea era la misma para todos, pues todos formamos de un mismo cuerpo social, aunque desde posiciones distintas.

En esta obra común, nadie podía sentirse excluido, todos estaban en su sitio: los gobernantes no estaban por encima de la ley, ni los gobernados podían desentenderse de la obediencia a los poderes públicos. Todo era un único y mismo deber moral para todos. Y la Iglesia era la garante de su cumplimiento: a Ella podían recurrir, unos y otros, en busca de amparo y de juicio equitativo: nunca juicio de parte, porque la Iglesia no era “parte”: era un poder separado y, en los aspectos religiosos y morales, por encima del poder civil o estatal. Todo estaba en: “dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.

De ahí, tantas y tantas actuaciones por parte de las autoridades eclesiales como se dieron, a veces incluso a favor de una sola persona frente a los poderes del Rey o del Emperador, por ejemplo. Y al revés: a favor de las autoridades civiles y militares de las distintas épocas. Con todo el peso moral y legislativo, eso sí, que tenían las autoridades eclesiásticas: que lo tenían y lo ejercían. Y si hacía falta excomulgar a alguien se le excomulgaba, fuese rey o plebeyo u obispo: había para todos cuando era preciso, porque “lo cortés no quita lo valiente”.

Todo esto se vino abajo con las “democracias” modernas. Al perder, por rechazar a Dios-con las constituciones que “se dan a sí mismos” los pueblos “en los que reside toda soberanía”- y, con Él, a la Religión consiguiente y necesaria -o sea, a la concepción y ejercicio, privado y público, de dar a Dios el culto debido: primer deber moral del hombre-, desaparece y no hay forma de que no sea así el concepto de “bien común”: porque Dios es el verdadero “bien común” de las personas, a nivel familiar, social y político.

A partir de ese momento de rechazo, ya nada une o ata a unos y a otros; ya no hay una tarea “común”, ni unos principios comunes, y cada estamento tira por su lado: solo hay ruptura. Al final, cada persona se echa al monte por su cuenta: se ha roto y perdido lo que realmente unía, porque podía hacerlo, teórica y prácticamente; es lo que Dios quiere, quien nos enseña a hacerlo y, por eso, el que nos lo pide como deber moral –en conciencia-, que es el deber más fuerte.

En consecuencia, los gobiernos se dedican al pillaje, y los súbditos a defraudar en lo que pueden. Los gobiernos usan la fuerza como les da la gana, y los súbditos la sufren: hasta que se hartan y se echan a la calle. Como el deber de la “subsidiaridad” ha desaparecido, desde los gobiernos todo es “negocio”: hay que sacar perras para quedárselas. Las legislaciones son “la ley del embudo”. La “separación de poderes”, en la inmensa mayoría de países, es una pantomima, y está al servicio del poder. El “voto” es una farsa, que solo sirve para perpetuar ese estado de cosas, legitimando su “legalidad”, aunque sea una auténtica inmoralidad...

Con todo esto, y más, solo reina la corrupción, la perversión, la ley del más fuerte, que siempre es el Estado, en principio, porque tiene el poder y la fuerza. Y como no hay un arbitraje al que acudir, porque las “constituciones” -la “ley de leyes”- son un sistema cerrado en sí mismo, todo es un abuso de poder, que no de autoridad: una tiranía absoluta fuera de toda norma moral a/de la que echar mano.

¿Y la Iglesia Católica, a día de hoy y en estas tesituras?

Eso va a dar para otro artículo, Dios mediante.

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