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Domingo, 18 de Noviembre 2018


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el laberinto de las

Escribe: Manuel Castañeda Jiménez.- La lucha contra la corrupción, en que el Supremo Gobierno se encuentra empeñado, puede que no se encuentre exenta de errores o equívocos, como en el caso de algunos aspectos cuestionables de la regulación última sobre la corrupción en la esfera privada dispuesta mediante el Decreto Legislativo No. 1385.

Pero, más allá de lo discutible que pudieran ser algunas medidas, o de las objeciones que, desde el punto de vista legal, pudieran plantearse a expresiones o resoluciones de algunas autoridades, o los desconciertos por algunos comentarios, el énfasis que el Presidente de la República está poniendo en el tema, es, verdaderamente, destacable. Y parece estar teniendo efecto en la opinión pública, que ve reflejado, en las expresiones del mandatario al respecto, su profundo sentimiento de desagrado hacia esa lacra que nos ha amenazado con ahogar y nos ha expuesto ante el mundo como si fuésemos un país inmoral.

Porque hay que tener en cuenta, que para la población –y para la prensa–, el término “corrupto” no comprende solamente a aquella persona que comete los delitos tipificados como corrupción de funcionarios en el Código Penal; sino que comprende toda acción deleznable y perjudicial para otros, de parte de alguna autoridad o personaje. Y así, corrupto es el alcalde que posee burdeles, corrupto es el congresista que roba señal de cable, corrupto es el policía o el militar que realiza contrabando o tráfico de drogas, a pesar de que se trata de delitos diferentes a los de corrupción.

¿Y por qué esa sintonía que se está produciendo entre el mandatario y el pueblo? ¿Cuánta de la gente que ahora aplaude al presidente, no está dispuesta a coimear a un policía de tránsito para que no le imponga una merecida multa, o no lo ha hecho acaso? ¿Es que nuestro pueblo es tan hipócrita? No creo que sea así. Lo que hay en el fondo de todo esto es, desde mi punto de vista, un buen sentimiento que deriva en un inmenso fastidio por ver que algunos se aprovechan del Estado para grandes negociados, utilizándolo para su beneficio particular, mientras hay tantas cosas por hacer en el país y que podrían producir un muy alto grado de prosperidad, pero que se postergan o tergiversan por causa de esas malas acciones.

Y, lo que es mil veces peor, que cierta parte de los funcionarios públicos cree que el Estado está para servirse de él, o para que la población les sirva, cuando lo correcto es que el Estado es la empleada de la casa; el Estado es el servidor de todos, y no las personas las servidoras del Estado.

Constantemente nos encontramos con disposiciones, en los diferentes estamentos de gobierno, que apuntan a tratar a la población como si no importase respetarla. Se busca regular a veces hasta en el detalle, asfixiando la libertad, y se ha llegado, inclusive a producir una expropiación de todos los cadáveres sin que nadie lo haya siquiera notado –y, si alguien lo notó, no reclamó–: al finalizar el anterior gobierno, del presidente Humala, el Honorable Congreso de la República modificó, mediante Ley No. 30473, el artículo 10 del Código Civil, permitiendo que el jefe de un centro de salud, o hasta el jefe de necropsias donde se encuentre un cadáver, pueda disponer de los órganos del occiso, aun sin el consentimiento de sus parientes; una monstruosidad que, en la práctica, supone la expropiación –y sin indemnización– de todos los cadáveres, y un tratamiento de los restos humanos sin el menor respeto y consideración.

Una reciente comisión de reforma del Código Civil, ha planteado introducir en nuestro derecho, la figura creada por el gobierno fascista de Mussolini, y recogida en el Código Civil italiano, denominada “fraude a la ley”, que no es otra cosa que aplicar la ley de todas formas a una situación que adrede se forjó para que la ley no fuese aplicable. Eso significa que la ley se podrá aplicar a situaciones que no están previstas en ella, anulando absolutamente toda libertad de acción de los particulares, y tornándolos esclavos del Estado, quien podrá decidir, a través de sus órganos judiciales o administrativos, que una norma se aplique de todos modos, aun cuando no calce en la situación; y ello, bajo el aparente legítimo argumento, de querer evitar la “elusión” de una ley, cuando todo estudiante de derecho sabe perfectamente que la seguridad jurídica se basa, precisamente, en que la ley se aplique a los supuestos en ella señalados y no a otros, pues si no, dicha seguridad deja de existir; con ello, se produciría un trauma mil veces mayor en la sociedad que el trauma que está generando la congestión del tránsito que nadie parece querer solucionar, y en que, las medidas paliativas acaban resultando más perjudiciales y provocando mayor congestión. Igual sucedería de aprobarse tamaño despropósito; por tratar de evitar algo, se producirá un mal mucho mayor.

Muchos otros ejemplos podrían darse de cómo el Estado viene obrando de manera a asfixiar a los ciudadanos. Esa actitud viene siendo un importante componente de la disminución del PBI y de que no acabemos de arrancar hacia el objetivo de convertir al Perú en una nación del Primer Mundo. Actitud que tiene su origen, en el erróneo concepto de que los ciudadanos debemos servir al Estado y no al revés.

A ello, se suma y va de la mano, otro grave error: el de pensar que la corrupción se combate con leyes o con persecución policial o fiscal. La corrupción es una falta moral. Y si no se produce un vasto movimiento de reforma moral en todos los ámbitos y niveles del Estado y de la sociedad, realmente no se avanzará nada, y los logros que se obtengan seguirán siendo superficiales; y las palabras y énfasis que pongan el presidente o sus ministros en ello, pasarán a la historia como un conjunto más de buenas intenciones.

Pronto se llevará a cabo el CADE anual, que congrega importantes empresarios y autoridades. Uno de sus temas principales será el de la corrupción, según ha revelado el señor Gonzalo Aguirre. Bien pensado. Se requiere un esfuerzo común, en que las autoridades, los empresarios, los diferentes estamentos, las instituciones educativas, los representantes religiosos y las asociaciones civiles, se unan en un esfuerzo conjunto de combate a la corrupción. Hasta ahora, todo no ha quedado sino en la superficie; la Comisión Nacional Anticorrupción no ha servido absolutamente para nada. La Contraloría General de la República se pierde muchas veces en tecnicismos y hasta sanciona a funcionarios por quítame estas pajas. Me consta, sí, que la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, como durante cierto tiempo la Oficina de Asuntos Internos del INPE, funcionaron bien hasta donde pudieron y, especialmente en los últimos tiempos, se han venido haciendo notables esfuerzos en la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú. Pero falta mucho. Esos son casos aislados. La ONA que creó el presidente García, lamentablemente nunca funcionó correctamente, y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 no pasa de un interesante documento de escritorio.

El esfuerzo debe ser, por tanto, general. Las buenas intenciones presidenciales requieren concretarse en un accionar de todos los sectores y de las mayorías nacionales. Y no solamente para que se respete un mero Código de Ética (que tantas veces se deja de respetar), que no es sino la epidermis de la moral, sino para que, real y efectivamente, se consoliden en la población sus reservas morales y se muestren las muy mayores ventajas de vivir en una sociedad en que el respeto de la moral y de la ley sea la norma y no la excepción.

Basta, para ello, considerar el reciente asesinato de un sicario y traficante de drogas mientras disfrutaba de unos baños turcos en un local de San Isidro, en Lima. ¿De qué le sirvió su arrogancia, sus ínfulas de poder y sus malas acciones?: acarreó su desgracia y la de su familia; manchó su apellido y provocó dolor, muriendo joven todavía, sin poderse llevar ni un real del dinero que acumuló ilícitamente, ni un botón de su mejor camisa. Importantes empresarios, al igual que cuando se descubrió la danza de los millones de la salita del SIN, se encuentran fugados, con el consecuente dolor de sus familiares y amigos. Y todo, por unas pesetas más. Para tener quizás un yate que, al igual que las barcas doradas de Tutankamón, no se llevarán a la otra vida. Lindo debe ser lograr tener un yate, pero no a costa de dañar a otros o de corromper a los funcionarios públicos. Quien mal anda, mal acaba, reza un conocido refrán.

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