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Jueves, 19 de Julio 2018


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Escribe: Manuel Castañeda Jiménez.- Las antiguas ciudades romanas ocupadas por los restos de galos y de habitantes del decadente imperio, y por francos, godos y borgoñones, venían siendo devastadas una a una por el feroz Atila. Ni las súplicas de los obispos que, acompañados de su clero y humillándose al extremo abrazando las rodillas del bárbaro, imploraban clemencia para los habitantes a su cuidado, conmovían al que se hacía llamar “el azote de Dios” y que alentaba a sus tropas para que no dejasen nada vivo, de manera tal que no volviese a crecer la hierba por donde pasara a caballo.

San Lupo, obispo de Troyes tuvo, no obstante, mejor suerte que san Aniano, obispo de Orleans y cuya ciudad acababa de ser atacada por la horda de Atila y las tribus bárbaras que le eran aliadas. Al pasar los hunos por Troyes, había salido el santo obispo portando una cruz, junto con sus presbíteros al encuentro del conquistador:

- ¿Qué quieres? le pregunta Atila.

- La paz de Dios para mi ciudad, le responde san Lupo.

- ¡Yo soy el azote de tu Dios! exclama airado Atila.

- Cierto, pero si el azote resiste al Dios que de él se sirve, este Dios puede romperle.

- ¿Quién eres tú que provocas a Atila?

- No soy matador de hombres, antes doy la vida por mi rebaño.

Atila no tocó Troyes, pero exigió al obispo que cabalgase con él hacia el Rin. Al llegar a los Campos Catalúnicos, en las llanuras de la actual Champagne, Atila llamó a san Lupo:

- Pastor de hombres le dijo, señalando al ejército romano comandado por Aecio y su aliado Teodorico que había acudido a enfrentar al agresor, si aquellas son tus ovejas, voy a darles hierro por pasto en los prados de la muerte; y cuando las haya hartado iremos a lavar sus lanas en el agua azul del Rin.

Inútiles fueron los esfuerzos del anciano para evitar el combate. Si bien Atila ordenó liberarlo y le prometió no tocar Troyes, no pudo aquél sino tomar su báculo y decirle por despedida: “Quisiera poder bendecirte por lo indulgente que te muestras con mi ciudad; pero no puedo invocar al cielo por el devastador de la tierra. Sin embargo, agradecido a tu merced, suplico a Dios que aleje hoy de tu cabeza la tempestad que segará tantos millares de vidas”.

Los historiadores no están de acuerdo si murieron ciento sesenta mil hombres ese día en la crucial batalla, o trescientos mil. Una antigua leyenda dice que durante tres días, las almas de los muertos siguieron peleando encima de los cadáveres porque ni la muerte había podido aplacar el furor de los combatientes.

Admira, en medio de tan trágico episodio, que un obispo haya tenido la valentía de enfrentar a Atila, tal como lo haría luego el papa San León Magno cuando las hordas de los hunos amenazaron la ciudad de Ravena. Y que, al borde de la batalla quizás más cruenta de la historia –considerando el tipo de combate, aunque no por el número de muertos que es superado largamente por las batallas del Somme, Kursk y de Stalingrado– haya intentado salvar la vida de un guerrero que tenía en su haber poblaciones enteras degolladas.

Y es que, desde siempre, el cristianismo abogó por la vida. Aun en las situaciones más extremas, la Iglesia ha buscado permanecer fiel al mandato del Salvador que ordena inclusive: “Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os persiguen”.

Recientemente, un comunicado de la Conferencia Episcopal ha vuelto a abogar por la vida e instar por la abolición de la pena de muerte. “La vida humana es un don de Dios, y por tanto se nos exige respetarla y protegerla desde el primer instante de su concepción hasta su término natural”, reza el comunicado, que cita apropiadamente, la parte pertinente del canon 2266 del Catecismo y que en su texto completo señala: “La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Por este motivo la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y del deber de la legítima autoridad pública de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte. Por motivos análogos, quienes poseen la autoridad tienen el derecho de rechazar por medio de las armas a los agresores de la sociedad que tienen a su cargo.” (Catecismo de la Iglesia Católica, Editorial Lumen, Montevideo, Uruguay, 1992).

Tal ha sido y es la enseñanza de la Iglesia. León XIII en su carta Pastoralis officii a los obispos de Alemania y Austria, les decía también: (las leyes divinas) “vedan estrechamente que nadie, fuera de causa pública, mate o hiera a un hombre, a no ser forzado por la necesidad de defender su propia vida”. Ya el IV Concilio de Letrán, en 1215 había dejado en claro: “De la potestad secular afirmamos que sin pecado mortal puede ejercer juicio de sangre, con tal que para inferir la vindicta no proceda con odio, sino por juicio, no incautamente, sino con consejo.”

No es el caso acá, pues excedería con mucho el objeto de este artículo, entrar a tallar sobre asuntos que, seguramente algunos, poco o tan solo medianamente informados, alegarían respecto de las actitudes de la Iglesia en referencia a las Cruzadas o la Inquisición.

Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia y cuya doctrina constituye doctrina católica reconocida, enseña que: “De la misma manera que es conveniente y lícito amputar un miembro putrefacto para salvar la salud del resto del cuerpo, de la misma manera lo es también eliminar al criminal pervertido mediante la pena de muerte para salvar al resto de la sociedad”.

Y hasta el Santo Padre Juan Pablo II expresó: “(…) permanece válido el principio indicado por el Catecismo de la Iglesia Católica; pero, como el primer efecto de la pena de muerte es el de compensar el desorden introducido por la falta en la sociedad, preservar el orden público y la seguridad de las personas, es evidente que, precisamente para conseguir todas estas finalidades, la medida y la calidad de la pena deben ser valoradas y decididas atentamente, sin que se deba llegar a la medida extrema de la eliminación del reo salvo en casos de absoluta necesidad, es decir, cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo. (Encíclica Evangelium Vitae).

La Iglesia Católica, pues, admite la licitud de la pena de muerte, pero no la quiere. Quiere la vida. Aún por el pecador más extremo, siempre abogará la Iglesia por su vida, y más aun, por su vida eterna, pues Ella enseña lo inmensa que es la alegría en el Cielo cuando un pecador se arrepiente, y que no existe pecado que no obtenga el perdón del Dios de la Misericordia cuando la persona se acerca a Él con corazón contrito y humillado. Esa fue la instancia de san Lupo para con Atila. Ni siquiera, a pesar de la montaña de cadáveres inocentes que ese inhumano caudillo tenía en su haber, un obispo, legítimo sucesor de aquellos que anduvieron con Aquél “que pasó por el mundo haciendo el bien”, cejaba en su intento de proclamar la sacralidad de la vida.

Ya el emperador Teodosio II, nieto de Teodosio el Grande –que fuera excomulgado por San Ambrosio por haber ordenado la masacre de toda una ciudad, pero tuvo el heroísmo de arrepentirse y hacer penitencia pública– había abolido, en la práctica, la pena de muerte en sus dominios: sólo Dios, decía, puede disponer de la vida como Autor de ella.

Así, el Comunicado de la Conferencia Episcopal sigue exactamente la línea de la enseñanza católica de dos mil años. Y no podría ser de otro modo; Cristo mismo sufrió la pena de muerte injustamente. Él que era el más manso de los hombres, que fue toda dulzura y caridad para cuantos se le acercaron, que prodigó sus milagros devolviendo la vista a los ciegos, sanado a los leprosos y haciendo caminar a los inválidos; Él que trajo a Lázaro de vuelta a la vida arrebatándolo de las manos de la muerte, fue condenado injustamente por el odio, por la envidia, por la ambición de algunos. El Señor, no obstante, aceptó la pena que le imponía la autoridad legítima. No cuestionó la autoridad de Pilato, antes bien le recordó que toda autoridad viene de Dios. Ni intentó liberarse de su prisión: “Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis ministros hubieran luchado para que no fuese entregado a los judíos.” Y, en la Cruz, todo el cuerpo hecho llagas, al pedido de misericordia del buen ladrón, respondió prometiéndole ingresar con él ese mismo día al Paraíso, pero no lo hizo bajar tampoco de la cruz de que pendía.

Ante tamaño ejemplo de actitud, ¿podría la Iglesia acaso promover la pena de muerte? La respuesta tiene que ser negativa. Y más bien, del mismo modo que hubo de luchar durante siglos contra el flagelo de la esclavitud, contra la discriminación, contra terribles costumbres arraigadas en las sociedades tales como el duelo, la superchería y la idolatría, contra el intento de separar a Dios de los asuntos ordinarios de la vida en sociedad y recluirlo a los templos, contra el afán desmesurado de riquezas y la opresión del prójimo, así también ha luchado y habrá de seguir luchando por tratar de abolirla definitivamente.

La actitud del católico ha de ser, pues, la misma: defender la vida y propugnar la abolición de la pena de muerte. No obstante, es absolutamente lícito para un católico admitirla; e incluso procurar su implantación para los casos graves y extremos que señalan el Catecismo, santo Tomás de Aquino y san Juan Pablo II. Pero siempre que su actitud a ese respecto no sea impulsada por el odio ni por afán de venganza o por la actitud morbosa o la soberbia de creerse un tipo de ser humano superior a otros, ni por otro deseo subalterno.

Quienes propugnen la instauración de la pena de muerte deberán, pues, compulsar con absoluta seriedad la verdadera necesidad de su legalización; analizar de qué forma se sanará con ella la sociedad del terrible cáncer que la aflige por una pseudocultura que nos está invadiendo y que propugna la agresividad como eje de las acciones humanas; y si no debe haber un conjunto de otras medidas que podrían evitar su aplicación o, en su caso, complementarla necesariamente. Deberán compulsar si nuestro sistema judicial, incluyendo los ámbitos fiscales y de la Policía, son los adecuados para infundir suficiente confianza para que los procesos que pudieran culminar con su aplicación se lleven adelante con la limpieza necesaria; y si no se abre la puerta a una extensión de esta pena a otros supuestos que podrían en algún momento ser manipulados o aprovechados por gobiernos tiránicos para eliminar a sus opositores con algún pretexto.

El debate, por tanto, no es simple. Mal harían, eso sí, en llevarlo adelante, imbuidos de apasionamiento, sus actores. O querer, por afanes electorales, demagógicos o subalternos, pronunciarse sea a favor o sea en contra de la pena de muerte. La legalización de esta figura sancionadora requiere mucho más que simples frases cliché de uno u otro parecer. Ello requiere la participación seria de profesionales de primer orden en las diversas disciplinas, tanto estadísticas, como sociológicas, históricas, jurídicas, sicológicas, médicas, etc.

Y hasta cabe precisar que el mismo telón de fondo que pretendemos colocar con este artículo, no contiene todo cuanto podría decirse como tal. Yerran pues todos cuantos afirman que la Iglesia ha favorecido la instauración o la aplicación de la pena de muerte, como yerran aquellos que tratan de hacer aparecer el ruego de nuestros obispos por tratar de evitar su legalización, como si se tratase de una actitud de progresismo católico o de cesión a corrientes liberales o izquierdistas de defensa de los derechos humanos.

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