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Martes, 21 de Agosto 2018


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Correccion Carlos Sanchez Berzain Grande

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Escribe: Carlos Sánchez Berzaín.- A continuación algunas pruebas respecto a la noticia registrada en El Deber sobre parte del contenido de mi conferencia en el Congreso de los Estados Unidos en el Foro “Threats to the U.S. in the Western Hemisphere”. Se trata de prueba de conocimiento público y de “hechos notorios”:

¿Nos hemos olvidado que Evo Morales es el dirigente de los cocaleros ilegales de Bolivia? ¿Que compró el partido MAS (una facción de Falange Socialista Boliviana) para tener “instrumento político cocalero”? ¿Que su medio de lucha es la violencia con sus cocaleros que han producido decenas de masacres y hechos violentos como Sacaba 2001, Cochabamba 2007...?

1.- Sostengo que el año 2003 cuando derrocaron al Presidente Sánchez de Lozada, la extensión de cultivos de coca ilegal en Bolivia era de 3.000 hectáreas y la de cultivos legales de 12.000 hectáreas, la prueba se encuentra en los informes de la ONU y de EEUU de 2004-05, de acceso público y registrado por la prensa boliviana.

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Escribe: Carlos Sanchez Berzain.- El 2017 no deja duda que existen dictaduras en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Son regímenes de facto que se sostienen en el poder mediante el uso de la fuerza, la represión violenta y judicializada, con “leyes infames” que han suplantado el estado de derecho. Las oposiciones son inviables e inexistentes porque están exiliadas, presas, extorsionadas, penetradas y/o manipuladas sin opción alguna de acceder al poder mediante elecciones y no hay libertad de prensa. La resistencia y la protesta civil son brutalmente reprimidas. En estas condiciones: es obligación de las Fuerzas Armadas restituir la democracia?

Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son regímenes en los que se violan los derechos humanos con “leyes infames” que establecen la retroactividad de la ley, que penalizan el ejercicio de las profesiones libres, que son el mecanismo para imponer el miedo en el pueblo, con perseguidos, cientos de presos políticos y miles de exiliados políticos. Ha desaparecido el estado de derecho por la institucionalización de facto de la permanencia indefinida en el gobierno y el control de todos los poderes del estado. Las elecciones han sido reducidas a un ritual de fraude controlado por el régimen, ha desaparecido el voto universal y secreto como expresión de la soberanía popular.

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CARNET

Escribe: Carlos Sánchez Berzaín.- La maniobra de convocar una Asamblea Constituyente en Venezuela contra la voluntad del pueblo, sin legalidad ni legitimidad y como medio de perpetuación del gobierno de Nicolás Maduro, se ha convertido en la prueba de dictadura criminal, corrupta, antinacional y narcotraficante. La iniciativa de Maduro es un bumerán que pone en evidencia a los miembros y cómplices de las dictaduras del siglo XXI, haciendo visibles gobiernos e individuos que respaldan y sostienen la barbarie del castrismo en Venezuela y en la región. La Constituyente de Maduro, con la violencia y el fraude en el día de votación, es una estrepitosa derrota para todas las dictaduras.

Venezuela, el país petrolero más rico de las Américas, una de las democracias con mayor estabilidad en los períodos dictatoriales de la Guerra Fría, el que daba asilo y protección a los perseguidos políticos de la dictadura castrista y de las dictaduras militares, el importante fundador y miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el país ejemplo de desarrollo y estabilidad fue llevado -con su propio dinero- a la crisis económica, política y social que vive hoy. La malversación y el uso corrupto de los recursos venezolanos por el castro-chavismo han configurado un país diferente, empobrecido, confrontado, intervenido, oprimido.

Hugo Chávez entregó Venezuela a la dictadura de Cuba haciendo que con los recursos del petróleo venezolano el agonizante régimen castrista se recree y expanda en el siglo XXI bajo la máscara de izquierda, populismo, socialismo, movimiento bolivariano, proyecto ALBA...., hasta que hoy no queda duda de que es castrismo puro y duro: dictadura.

La crisis producida por el castro-chavismo en la región tiene su más extrema expresión en Venezuela, donde la dictadura es resistida por un pueblo movilizado que no está dispuesto a seguir el camino por el que someten a Cuba desde hace 59 años. La lucha del pueblo y el liderazgo democrático llevó a la gran derrota del régimen el 6 de diciembre de 2015 (6D), cuando la oposición ganó el control de la Asamblea Nacional, situación que en lugar de generar un proceso de reconciliación nacional y de retorno a la institucionalidad democrática, motivó la puesta en ejecución de las más despreciables prácticas de la dictadura castrista.

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Escribe: Carlos Sánchez Berzaín.- Las decisiones del Presidente de los Estados Unidos y las acciones de su gobierno respecto a los regímenes dictatoriales de Cuba y Venezuela indican los elementos de una nueva política exterior de Estados Unidos con América Latina. El anuncio de la “cancelación total del mal acuerdo con el régimen cubano”, el compromiso de que “lograremos pronto una Cuba libre” y el señalamiento de que “el régimen de los Castro ha enviado armas a Corea del Norte y apoya la represión en Venezuela” realizados por el Presidente Trump, seguidos del rechazo del Departamento de Estado al pedido de Nicolás Maduro de un diálogo de alto nivel con Estados Unidos, son parte una nueva política exterior estadounidense que se muestra fundada en los principios de libertad y democracia.

Se entiende por política exterior “el conjunto de los objetivos que un estado se propone lograr respecto del comportamiento de otras entidades internacionales” y se considera integrada por las “decisiones que toma el gobierno en función de sus principios e intereses nacionales respecto a los actores del sistema internacional”. Se trata de “la dimensión internacional de la estrategia de gobierno”.

Cuando vemos a la nueva administración de los Estados Unidos expresar temprana preocupación y tomar acciones de presión creciente respecto al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, estamos frente a una nueva política exterior confirmada el 16 de junio pasado por el Presidente de los Estados Unidos diciéndole a la dictadura de Cuba “pongan fin al abuso a los disidentes, liberen a los presos políticos, ábranse a mayores libertades políticas”. La nueva política exterior de EEUU con América Latina aunque una tardía reacción a la necesidad de defender su propia seguridad es un importante retorno a los principios de libertad y democracia y al esencial reconocimiento de “quién es el adversario”.

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Escribe: Carlos Sánchez Berzaín.- Fiscales, investigadores, jueces y la prensa de Brasil, han realizado un gran trabajo develando la red de corrupción política transnacional conocida como “Lava Jato”. Han mostrado al mundo como por decisión política Lula Da Silva, Dilma Rousseff y sus gobiernos, armaron una trama de corrupción con fondos de Brasil, empresas constructoras brasileras y gobiernos del Foro de Sao Paolo, castristas, socialistas, afines y los que querían subordinar. Pero, ante la arremetida de los corruptos que aún gobiernan en Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y otros países, los nombres de quienes recibieron sobornos siguen sin publicarse y los fiscales brasileros que tienen toda la información corren el riesgo de convertirse en cómplices o encubridores de los poderosos corruptos.

Recordemos que el “Lava Jato” comenzó investigando lavado de activos y llegó a Petrobras que licitaba obras a grandes empresas constructoras de Brasil como parte de un programa impulsado por Lula y su entonces ministra de Energía, Dilma Rousseff. Para favorecer la contratación pedían sobornos de más o menos el 3%, que distribuían entre políticos y empresarios. La fiscalía de Brasil estima que solo “entre 2004 y 2012 cerca de 8.000 millones de dólares fueron licuados por esta red criminal”. Este mecanismo de corrupción fue internacionalizado mediante obras de construcción con empresas brasileras y casi todos los gobiernos de países latinoamericanos del 2003 en adelante entraron en la red que recibió mas de 3.000 millones de dólares en sobornos.

Conocido públicamente el escándalo, procesado Lula da Silva y destituida Dilma Rousseff, al trabajo del sistema de justicia brasilero sobrevino la acción del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de inmediato los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Cuba y otros se movieron oficialmente, como “acciones de estado” para evitar que se conozcan los nombres de los políticos implicados en la recepción de sobornos de la empresa Odebrecht y otras. Han logrado hasta ahora tanto éxito que por ejemplo Rafael Correa pudo pasar las elecciones en Ecuador sin que se conozcan –ni desde Brasil ni desde Estados Unidos- los nombres de los corruptos, entre los que estarían él mismo y su entorno que sigue en el gobierno de Lenín Moreno. Ni los pedidos de congresistas de EEUU han logrado que las autoridades brinden la información. La reserva se ha convertido en FALTA DE TRANSPARENCIA.

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