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Viernes, 26 de Mayo 2017


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Columna nueva 02 Grande

Experto en negocios

Escribe: José Luis Tapia Rocha.- Otra polémica que se ha armado es sí las empresas deben financiar partidos políticos. La precariedad institucional que tiene el Perú no hace posible tener las amplias libertades para que las empresas financien sin incurrir en corrupción. Los partidos políticos que reciben dinero de manera casi oculta por empresas revela que algo no está siendo considerado en el análisis Mi hipótesis es que las empresas se están guiando por unas reglas de juego que tienen una falla de origen: las instituciones políticas son más poderosas que las del mercado.

El profesor Martin Krause en su ensayo Competencia Institucional y Control de los Custodios del 2007 indica que “Llamamos “instituciones” a las normas que nos permiten coordinar las acciones de los individuos en la sociedad, las que no dan previsibilidad respecto a las acciones de los demás”.

Una manifestación de la imprevisibilidad es la corrupción. Nadie la desea, todos la condenamos y queremos evitarla. La falla es que en lugar que los recursos privados sean aprovechados de manera eficiente se desvían de su cauce de mercado para ser destinado al mercado político (e ilícito). Asimismo, cuando los recursos públicos se desvían de lo que dice la ley se encauzan a fines privados. El hecho es que el estado peruano tiene una discrecionalidad bastante elevada en el mercado como lo señala el Índice de Libertad Económica desde 1985. Así las instituciones políticas fueron diseñándose desde el vértice político estatista para someter a las instituciones de mercado.

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sunedu

Escribe: José Luis Tapia Rocha.- Los que participaron en la elaboración de la nueva ley universitaria no previeron que iban a dejar alumnos en la calle. Tal es el caso de los alumnos de la Universidad Autónoma del Perú, donde SUNEDU ha procedido clausurar dicha universidad cuando al parecer solo puede cerrar facultades. Los alumnos querían seguir estudiando en dicha universidad, pero se vieron perjudicados al no poder continuar sus carreras por culpa de SUNEDU.

Por ejemplo, Alejandra Gonzales, vocera de los perjudicados por SUNEDU ha indicado que “nos han hecho perder dos años y medio de nuestras vidas”. Sin embargo, la Superintendenta Masías ha manifestado que va “verificar” que la universidad ofrezca el servicio educativo bajo condiciones básicas de calidad.

Lo que si me queda claro es que clausurar una universidad es un acto de fuerza, precisamente de violencia, porque ha predominado la voluntad de una parte sobre la otra. Que la razón utilizada por SUNEDU es “verificar” condiciones de calidad sigue siendo dictatorial y con la arrogancia de creerse infalible. Toda organización estatal por más técnica que sea siempre será una entidad política y sujeto a equivocaciones permanentes. De modo que si clausurar se basa en el término “verificar” es pura retórica política para amenazar al resto de universidades que se alineen con el régimen autoritario del gobierno.

Que haya bastantes universidades de mala calidad que justifique la existencia de una nueva ley universitaria y su esperpento SUNEDU, no es por culpa de la competencia, sino por la excesiva cantidad de regulaciones, burocracia y limitaciones en el ejercicio de la función de libre empresa. Las estafas, fraudes, engaño y baja calidad de universidades son por falla del gobierno en el funcionamiento del Poder Judicial. Las universidades que tratan de cumplir todas las regulaciones educativas, y los requisitos que exige la burocracia estatal, incurren en costos, se descapitalizan, y le queda poco dinero para ofrecer una educación tipo Finlandia en infraestructura y profesorado de baja calidad. Hay que agregar la ausencia de competencia extranjera en el mercado universitario que agrava más esta situación.

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ppk aprobacio

Escribe: José Luis Tapia Rocha.- La señora Araoz, segunda vicepresidenta, está muy preocupada con la caída de la popularidad del Presidente Kuczynski. No oculta su malestar que en el seno de su propia bancada no haya un liderazgo comprometedor. Uno que mantenga la calma y abra espacios en el Congreso para dar eco a las acciones del gobierno.

Creo que, en el fondo, la corrupción de Odebrecht está distrayendo los objetivos del gobierno, además de tener prófugo a quien fue Jefe del Jefe de la señora Araoz. No puede evitar las suspicacias que creo el viaje de PPK a Washington.

Nada bueno le ha traído al gobierno de PPK haberse comprometido con la cofradía de la izquierda para darle continuidad al modelo socialista que ha dejado el presidente Humala. Dicho modelo asistencialista y confrontacional con el fujimorismo le ha traído más problemas que oportunidades para gobernar. Comencemos por destacar el apoyo a la ideología de género que impulsa el MINEDU. No se puede gobernar teniendo como base de enfrentamiento a una sociedad peruana organizada en la familia.

No es apropiado que el Gobierno le diga cómo debe educar a sus hijos usando la ideología marxista como instrumento de dominación mental de los niños. Quiera o no la pérdida de piso del gobierno pasa por no reconocer que no es tan poderoso como cree.

Evidencia sobra. Pero basta solo con afirmar que ningún gobierno del planeta tiene las credenciales de haber puesto fin al problema educativo, de salud, seguridad, pobreza, hambre, corrupción, institucionalidad, ambiente, por decir algunos conocidos problemas del planeta. Otro punto de la agenda que la cofradía izquierda impone al gobierno, es seguir combatiendo a la pobreza con programas sociales. Repartiendo alimentos, medicinas y ropa no resuelve los bajos ingresos de la gente.

El gobierno no quiere embarcarse en realizar verdaderas reformas que sacan a la gente para siempre de la trampa de los bajos ingresos. Esas reformas consisten en liberar el mercado laboral, de capitales, y de recursos naturales que todavía se encuentra aplastada por el peso estatal de las regulaciones, prohibiciones, controles, y supervisiones a la inversión nacional como a la extranjera. Tampoco tiene en agenda realizar reformas institucionales como del Poder Judicial. Este poder está invertido y se ha vuelto apéndice del Poder Ejecutivo. No se siente que es un verdadero Poder que pare en seco a los caprichos del Poder Ejecutivo y Legislativo. Por ejemplo, es inaceptable en un estado de derecho que el Ejecutivo remita un proyecto de Ley para que sea aprobado por el Congreso de modo que exonere a Odebrecht de los filtros de inversión del SNIP.

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inversion

Escribe: José Luis Tapia Rocha.-Que la brecha de infraestructura haya llegado a los USD159.4 mil millones para el periodo de 2016-2025, revela que el Estado ha estado metido en otros asuntos menos en lo importante.

Algunos impetuosos han desatado su ira en redes por el riesgo que se paralice el mecanismo de la Asociación Público Privada (APP). Dicen que ya habría invertido USD 30 mil millones en obras y habría otros miles de millones de dólares más que no vendrían si hacemos caso a la izquierda. A como de lugar se pretende presionar al gobierno para que se siga con este mecanismo de inversión privada sin antes reflexionar cómo se puede evitar la corrupción.

ProInversión señala que este mecanismo tiene dos modalidades: por iniciativa estatal o privada. Y puede ser financiada 100% por inversión privada o cofinanciada con el estado. Una iniciativa privada cofinanciada con fondos públicos es un mecanismo impropio de la labor esencial de un gobierno. Decidir un porcentaje con la empresa interesada no caerá en criterios económicos sino políticos. Y políticos metidos con empresarios hablando y negociando millones de dólares ya sabemos en que termina. Por lo pronto, es urgente regresar al funcionamiento original como fue hace bastantes décadas: que el gobierno financie el 100% de las obras públicas de iniciativa estatal. Que la iniciativa privada arriesgue su capital y financie el 100% con sus inversiones en la modalidad de auto sostenible, eliminando el cofinanciamiento estatal que es por donde se cuela la corrupción.

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Empresarios millonarios exitosos

Escribe: José Luis Tapia Rocha.- Los escándalos de corrupción de Odebrecht dejan como lección que los empresarios no saben nada de negocios con políticos. No solo se arrepienten, sino que se lamentan por el perjuicio a sus empresas. Tenemos el caso de Graña y Montero, socio de Odebrecht en el Gaseoducto Sur, cuyo valor de sus acciones ha caído en 14%. También la reputación de la empresa está por los suelos. Los trabajadores de la empresa peruana salen avergonzados a señalar que eso no significa que todos en la empresa sean corruptos. Un negocio no solo es hacer rentable el capital de los inversionistas, sino que los funcionarios principales deben mantener una conducta ética. Aunque hay que reconocer que hacer negocios en Perú donde el estado es el que controla la economía con sus regulaciones, organismos e impuestos, hace difícil que un empresario sea independiente del poder político en el mercado.

Sin libertad en el mercado los criterios de eficiencia y eficacia pierden bastante importancia en un régimen estatista. En este régimen, el gobierno finalmente decide qué empresa, sector o actividad económica va ganar dinero. Ahí tenemos las licitaciones de Gaseoducto Sur, donde el gobierno de Toledo y PPK exceptuaron del SNIP con la ley 28670 dictada desde el Congreso en el 2006. El Presidente Toledo fue uno de los más interesados para que se aprobara esta ley y los congresistas fueron también responsables. Ahora que ya sabemos cómo operó el lobby brasileño, muchas empresas peruanas, entre ellas, Graña y Montero, se encuentra arrepentidas.

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