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Domingo, 18 de Noviembre 2018


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Escribe: Darío Enríquez.- El Perú de hoy fue forjado en la década de 1990, con todo lo bueno, malo, feo y horroroso que tiene consigo. Cuando Alberto Fujimori gana las elecciones en 1990 derrotando inobjetablemente al candidato del establishment empresarial y mediático Mario Vargas Llosa, el país necesitaba con urgencia terminar con el régimen iniciado el 3 de octubre de 1968 por el golpe militar socialista de Juan Velasco.

Desde 1980 habíamos intentado tal cambio de régimen, pero lucía prácticamente imposible porque el sistema estatista impuesto por la dictadura militar fue blindado en forma pérfida y vergonzosa por la ilegítima constitución de 1979. En este proceso constituyente no participó Acción Popular, partido de Fernando Belaúnde, presidente constitucional depuesto por la fuerza de las armas en 1968.

En 1980, sólo un año después, el partido que no participó y que había denunciado la ilegitimidad de la asamblea constituyente, ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales y legislativas. La derrota inobjetable del Partido Aprista -promotor de la ilegitima C79- marcaba el derrotero a seguir, el cambio de régimen para dejar atrás los delirios socialistas totalitarios del período 1968-1980. Pero Fernando Belaúnde, teniendo mayoría en ambas cámaras legislativas -diputados y senadores- no tuvo la capacidad de tomar las decisiones cruciales que el momento exigía. Su partido, haciéndose del control del aparato estatal, se convirtió en la gran agencia de empleos de la enorme e ineficaz burocracia dejada por los militares.

Sólo en 1983, cuando la crisis amenazaba llegar a niveles inmanejable por el desborde de la deuda externa y con el subestimado fenómeno terrorista que avanzaba controlando una parte de la sierra sur, se intentó corregir rumbo pero ya era muy tarde. La extraviada idea de que “no es que haya muchas empresas estatales, sino que hay muy pocas” (Alan García dixit), fue ganando terreno y en 1985, el triunfo de Alan García impidiò una soluciòn, agudizó los desequilibrios y terminó por llevarnos a la peor crisis de nuestra historia. A modo de explicación, si con los militares y Belaúnde hacia 1985 nuestro símbolo monetario perdió tres ceros, con García hacia 1990 perdió seis ceros más. Es decir, tomando sólo el efecto de la pérdida de ceros, fue como si en 1980 un pan costara S/. 0.35 y en 1990 el precio fuera de S/. 350'000,000 (de 35 centavos a 350 millones).

La hiperinflación, el terrorismo comunista avanzando y la destrucción del tejido social e infraestructura por efecto de la crisis terminal que sufría el país, exigía un cambio de régimen en 1990. Entre 1990-1992 tuvimos un período al que podríamos denominar “Transición fallida”. Se requería una transición desde el régimen controlista y estatista impuesto en 1968 a uno diferente, en línea con la apertura de mercados, el libre comercio y la globalizaciòn. Fue un intento fallido, porque el poder legislativo fragmentado en más de 9 partidos, era controlado por quienes negaban cualquier cambio y seguían apostando tercamente por la opción estatista que nos había enviado al fondo del precipicio de la inminente inviabilidad como país. No hubo otra soluciòn que dar un golpe democrático restaurador para resolver (disolver) lo que un golpe militar había instituido desde 1968 y que sucesivos gobiernos civiles fueron incapaces de solucionar. Se abrió entonces un período 1992-1993, que fue técnicamente un “Gobierno provisional dictatorial” que convocó a una asamblea constituyente para que sean los mismos ciudadanos quienes validen el cambio de régimen y de este modo consolidar los avances logrados en el control de la hiperinflación y del terrorismo.

Con la nueva constitución C93 aprobada por referéndum, el período 1993-1997 -al que llamaremos la “Primavera liberal”- vio desplegar las reformas liberales que sostienen hasta hoy el período de crecimiento y prosperidad más notable de nuestra historia. Nunca tuvimos más libertad ni más esperanza en un futuro mejor como entonces. La reelección de 1995 fue abrumadora, en apoyo a todo lo avanzado. Pero en 1997, el siniestro asesor Vladimiro Montesinos toma el control total del entorno presidencial y ante la inacción, complacencia y hasta complicidad del presidente Fujimori, monta un aparato de poder y corrupción que desde una visión estatista (sin implicación del Estado no hay corrupción orgánica ni sostenible), impide la segunda ola de reformas liberales (que esperamos hasta hoy). En su lugar, inicia un nuevo “Estatismo mercantilista”. Entre 1997-2000, se retrocede parte de lo avanzado en la creencia de que sólo desde el Estado podría superarse los efectos de las primeras crisis de la globalizaciòn aparecidas en Moscú, México y Brasilia. Al mismo tiempo, el proyecto liberal (liberaloide, dicen algunos) se convierte en uno estatista autócrata y clientelista, usando todos los recursos disponibles para prolongar la permanencia en el poder de un fujimorismo intencionalmente sin partido, sólo con movimientos políticos electorales adaptados a cada elección y con apoyo de las FFAA. Al perderse de vista la esencia de los cambios logrados en el período anterior, entre 1997-2000 se pone en peligro los logros de la primavera liberal y la reducción de la dinámica económica crea las condiciones para la caída del proyecto autócrata, que se precipita al hacerse públicos videos en los que el asesor presidencial Montesinos corrompe a políticos, empresarios, jueces y personajes mediáticos. Pero el régimen se mantiene en vigencia hasta hoy.

Los sucesivos gobiernos en el período 2000-2017 han mantenido los fundamentos de las reformas de la década de 1990, sostén del crecimiento y la prosperidad de la que gozamos hoy. Pero también se ha mantenido la vigencia de redes de corrupción dentro del aparato estatal. Han cambiado algunos protagonistas, pero otros han sabido desde siempre ubicarse astutamente a uno u otro lado del aparato corrupto y corruptor, dependiendo de las circunstancias. Sea como funcionarios de alto rango en el gobierno, sea como gestores de intereses de terceros (lobbystas) o agentes mediáticos. 

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Este adjetivo fue usado por primera vez en su acepción socio-política por la actriz Claudia Dammert, quien no encontrando otra manera de defender a la peor autoridad edil de nuestra historia -Susana Villarán- arremetió contra los sectores populares que rechazaban abrumadoramente a la alcaldesa, “colgándole” el adjetivo de “nuevos ricos horrorosos” a emprendedores exitosos que provienen de esos sectores emergentes

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