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Escribe: Darío Enríquez.- Vivimos tiempos difíciles. Somos testigos atónitos e indignados del proceso a una red criminal internacional que resulta sin duda el escándalo de corrupción más grande de la historia humana. Hace unas horas, uno de los jueces que estaba dirigiendo las investigaciones en Brasil sobre la lumpenesca red político-empresarial, ha fallecido en un sospechoso accidente de aviación y de manera increíble, la caja negra de la avioneta en que viajaba no estaba instalada. La terrible sombra de la mafia contraatacando se cierne sobre las investigaciones. En el Perú, las imputaciones podrían alcanzar incluso a altos funcionarios como viceministros, ministros y hasta presidentes entre 2005 y 2014. También a reputadas empresas nacionales como Graña y Montero S.A., que se asociaron en proyectos que obtenìan fraudulentamente las empresas de la red corrupta. Por su lado, parte de la Prensa luce como deplorable cómplice de la enorme maquinaria corrupta y corruptora del socialista Foro de Sao Paulo y su brazo financiero, la podredumbre cartelizada de Odebrecht, OAS, Camargo-Correa, Petrobras, Andrade-Gutierrez, etc. Ni los medios ni la academia ni la “cultura” (véase las comillas) quedan exentos. Se habla de gente “decente y reconocida” contratada para asesorías, presentaciones, escritos y conferencias, con jugosas cifras que ninguna lógica podría validar. El silencio elocuente, cuando no las maniobras distractivas desviando la atención hacia otros temas menores, nos habla de compra de conciencias monda y lironda.

A todo esto, sobre la base del modus-operandi conocido hasta el momento, vale la pena identificar el impacto económico de esta corrupción. Lo primero consistía primero en ganar a toda costa la licitación de una obra pública de gran cuantía, pagando las coimas que fueran necesarias. Estas obras podían ser solicitadas por los propios estados corrompidos o propuestas por la empresa corrupta. No interesaba si el proyecto procedía o no según reglas de evaluación. El “sobrecosto” ligado a las coimas para ganar la asignación del proyecto era compensado luego interviniendo la ejecución del mismo proyecto con addendas al contrato original para obtener ingresos adicionales. Hay obras que han llegado a costar hasta ocho veces su valor original gracias a esas addendas que eran aseguradas también con coimas repartidas a diestra y siniestra entre los responsables estatales de evaluar las addendas, tanto técnicos como políticos de todo nivel. Se obtenían ratios de utilidad muy por encima de los que en promedio se tienen en proyectos similares. Las corporaciones adscritas a la mafia socialista del Foro de Sao Paulo tenían incluso divisiones organizacionales dedicadas exclusivamente a la distribución de coimas, bajo curiosas denominaciones como “Operaciones estructuradas” o “Relaciones estratégicas” entre otras.

El primer gran impacto es que dentro de una economía de libre mercado, los mejores proyectos deben ejecutarse y los que no califiquen deben esperar mejorar sus guarismos o simplemente desecharse. Ante la irrupción de elementos ajenos a una correcta evaluación económica, social y financiera del proyecto, se sub-optimiza el uso de recursos escasos y pierde el conjunto de la economía. Haciendo lo que no debe hacerse y dejando de hacer lo que se requiere hacer. Nos llenamos de “elefantes blancos”, el lucro cesante es inmenso y los ciudadanos seguimos esperando por reales y eficaces soluciones en infraestructura.

El segundo impacto es que, aunque las obras fueran necesarias y la evaluación pertinente al otorgamiento indique que procede su ejecución, los sobrecostos que se agregan en su desarrollo a través de addendas -para “recuperar” lo desembolsado al ganar el proyecto con coimas- distorsionan el valor inicial y generan pingües ganancias para la empresa corruptora, en perjuicio de la rentabilidad del proyecto y de los beneficios que el proyecto debe generar a favor de los ciudadanos.

El tercer impacto es que debido a la asignación no por méritos sino por coimas, las buenas empresas a las que les correspondería ganar el otorgamiento de proyectos, no los reciben y eso hace que se premie lo subterráneo, lo subalterno y lo corrompido en vez de la virtud de la eficiencia empresarial. En el transcurso del tiempo, la economía pierde a sus mejores operadores empresariales y se entronizan las que desarrollan malas prácticas. El sistema económico se envilece, se propaga el vicio y se castiga la virtud.

Finalmente, en el contexto peruano hay además otros tres temas de gran impacto. En términos generales el clima de negocios se afecta en forma irreparable, cunde la confusión entre los agentes y operadores económicos, se retrae la toma de riesgos por parte de inversionistas y no se logra consolidar lo que se denomina una sociedad de alta confianza, lo que a su vez se requiere para hacer sostenible una economía de libre mercado. Se resquebraja así uno de los fundamentos de lo que requerimos para convertir nuestro crecimiento del último cuarto de siglo en desarrollo económico, humano y social. En añadidura, la estigmatización de toda la clase política dificulta la consolidación del proceso de institucionalización, que nos guste o no debe ser llevada a efecto en gran medida por políticos y es la más grave carencia de nuestra frágil y precaria democracia.

Otro de los fundamentos necesarios para este deseado desarrollo es la modernización de la infraestructura pública. El Perú sufre un grave déficit de infraestructura. Que los recursos a utilizar en la reducción de este déficit se hayan dilapidado en forma tan miserable, afecta notablemente las posibilidades de tomar de una vez por todas el camino hacia el desarrollo y nos coloca en la peligrosa alternativa de perder lo avanzado hasta la fecha.

El castigo a los responsables de esta corrupción abyecta y vil debe ser ejemplar, para que nunca más esta plaga pueda rebrotar y echar por la borda el esfuerzo de nuestros ciudadanos, que en forma esforzada hemos trabajado para sacar adelante y darle un futuro a las nuevas generaciones.