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Domingo, 24 de Junio 2018


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Escribe: Alicia Rubio.- Bermudas es una pequeña isla de dominio británico en proceso descolonización. Ya saben, uno de esos territorios de los que el Imperio de su graciosa Majestad no se va ni con agua caliente por las enormes ventajas y ganancias que, por su situación de sí pero no, se le saca. En España tenemos una cierta noción del aprovechamiento dado a esas excepcionalidades con el peñón pirata de Gibraltar. Pero volvamos al tema que nos ocupa. El mal llamado matrimonio homosexual. Como en el resto del mundo, apareció esa nueva exigencia que nadie exigía hasta que los lobbies implantados con dinero internacional lo hicieron. Tras una votación no vinculante perdió el matrimonio de homosexuales por un 60% en contra. Sin embargo, se instauró esa figura legal contra la opinión de la mayoría. Podrá resultarnos extraño, pero no sorprendente. Los neoderechos de la ideología de género, y esto nos debe quedar muy claro a todos para saber a qué nos enfrentamos, se instauran en los países, sí o sí, salga lo que salga en las votaciones: si salen a favor, se utilizan como vinculantes y si salen en contra, resulta que sólo era orientativo pero no hay que hacerles caso. Así, con toda la jeta y el desparpajo que gobernantes de obediencias superiores al pueblo que los ha elegido, desarrollan.

 

Y tenemos el caso de lo que se está haciendo en Colombia tras la negativa de los colombianos a un plan de paz que, no sólo beneficiaba enormemente a unos delincuentes, sino que incluía, de forma asombrosa, más de un centenar de cláusulas de neoexigencias y neoderechos de género. Como no quedaba bien entrar por la puerta con la clara negativa del pueblo, andan haciendo rodeos para entrar por la ventana, porque lo que está claro es que tienen previsto entrar, sí o sí. El caso es que ahora los 65.000 habitantes de la isla, una cifra que hace fácil organizarse, han blindado el matrimonio entre hombre y mujer y han asignado el nombre de “uniones domésticas” a esas convivencias entre personas del mismo sexo que nos obligan a reconocer como matrimonio. No tiene sentido llamar matrimonio a algo que no lo es y regular de igual forma dos cosas diferentes e incluso regular nada sobre algo que pertenece al ámbito, no ya privado, sino íntimo y personal.

Analizando su significado etimológico algo complejo, es evidente que el objetivo de esa figura jurídica hace referencia a la maternidad como condición a adquirir o proteger. Por ello, la regularización de una figura equiparable al matrimonio para personas del mismo sexo es un contrasentido y, sobre todo, una injerencia estatal inexplicable. Inexplicable salvo que haya otros intereses. Afortunadamente, en los países occidentalizados las personas son libres, y así debería ser en todos, para establecer su vida privada como consideren oportuno. Y la regulación legal de situaciones privadas sólo debe realizarse en tanto afecte a la res pública.

En el caso del matrimonio, la consecuencia es la existencia de nuevos ciudadanos, algo que afecta claramente a la sociedad y por lo que deben ser establecidas una serie de normas y regulaciones así como pautas de protección social de esos nuevos ciudadanos. En una relación heterosexual, la potencialidad de esa reproducción es lo que cuenta pese a que haya casos particulares en los que no se haga efectiva. Y ahora vamos a la diferencia fundamental de ambas convivencias: en las relaciones homosexuales no existe NUNCA la posibilidad de procreación y generación de nuevos ciudadanos, por lo que el Estado no tiene nada que regular. De hecho, la regulación matrimonial surge de esa potencial generación de ciudadanos y en nada hace regulación sobre el amor o el sexo, que son los dos puntos de concomitancia entre ambas uniones. Sólo faltaba que el Estado nos hiciera una normativa sobre el grado de amor, o la frecuencia de sexo de los convivientes.

En el debate sobre la equiparación se apela a que hay matrimonios heterosexuales que no pueden, o no quieren, tener hijos por lo que la generación de nuevos ciudadanos es lo de menos, equiparando la excepción con la unánime generalidad estéril de las uniones homosexuales. Y se apela inmediatamente a esas dos características, amor y sexo, que los asemejan y que no necesitan ni deben ser regulados por el Estado.

Y ahí viene el problema, que la igualación de lo que no lo es termina generando conflictos e injusticias. Una vez equiparadas las uniones, los homosexuales exigen poder tener hijos como los matrimonios procreativos en una clara aporía en la que se utiliza el mismo argumento para una cosa y la contraria, (“somos matrimonio porque nos amamos y tenemos sexo y porque la generación de nuevos ciudadanos no es determinante para llamar matrimonio a nuestra unión... pero ahora que ya nos llamamos matrimonio, exigimos tener hijos como característica determinante de esas uniones”) y empujan a la sociedad a regular situaciones éticamente discutibles (vientres de alquiler) o a hacerse cargo de los costes de esa reproducción exigida como derecho (inseminación artificial).

Y claro... no saben ustedes los miles de miles de millones de euros que mueven estos derechos reproductivos que, si como se sospecha, los terminan pagando los Estados (es decir, usted y yo) en los que se acepta el matrimonio homosexual, se van a demandar con la alegría de la gratuidad. Y no saben la de dinero que las multinacionales de la reproducción y la anticoncepción, los neoderechos sexuales, donan para las acciones altruistas y por la justicia social y la felicidad del mundo mundial de la ONU.

¿A que no se imaginan qué organismo mundial vela porque se instaure el matrimonio homosexual y los neoderechos sexuales y reproductivos en los estériles (y no-reproductivos en los fértiles) en todos los países, al margen de lo que piensan, sienten y quieren los ciudadanos? .

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