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Lunes, 22 de Octubre 2018


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Escribe: Mario Linares.- La mesura, la prudencia, la mirada larga y el paso corto, el sentido común, todas esas virtudes personales se transforman cuando se ejerce función pública en los criterios o principios jurídicos de buena fe, eficiencia, proporcionalidad y razonabilidad, agregándose en la medida que no se decide sobre nuestro patrimonio sino sobre dinero público, los de juridicidad, busqueda de la finalidad pública y el de transparencia.

Son estos principios los que van a servir para evaluar si la decisión discrecional de mudar a toda una institución de mas de 500 funcionarios a un inmueble alquilado por 3 años, fue acertada.

Eso en primer término, luego se debe apreciar si el local es el adecuado, si el precio es conforme con el mercado y si se siguió el procedimiento debido.

Hubiera sido lo más idoneo que el titular del organismo rector de los contratos públicos antes de renunciar, exprese las razones justificantes del alquiler y el procedimiento seguido. Si ello no ha sido así, da pie a especular sobre la ilegalidad o la impericia por la decisión institucional tomada, cosa que llama la atención pues quedarían comprometidos funcionarios que son justamente especialistas en contrataciones públicas.

Los efectos inmediatos de una denuncia pública de un congresista y que adolece de prueba documental, respaldada solo con la apariencia de que el alquiler es en un centro empresarial de lujo y por tanto caro, ubicado en una zona casi extrema de la ciudad con el perjuicio que ello supone para la mayoría de usuarios y de los propios trabajadores; evidencia dos situaciones probables, que en efecto, algo no cuadra en la base fáctica y teleológica de la decisión o que el ejecutivo por salud política no quiere tener ni siquiera la apariencia de excesos en el gasto público o que asome la corrupción. Importa más sin embargo en este momento no la causa o concausas de una renuncia "voluntaria", sino que exista un pronunciamiento al respecto de quienes siguen en la cadena de mando o de las nuevaa autoridades. No basta un comunicado escueto y evasivo del MEF. El asunto es grave.

Se trata del OSCE, del ente supervisor de los contratos públicos. La imagen de la autoridad debe ser de probidad, de conocimiento de lo suyo, de imparcialidad, de un ente que se mantenga siempre técnico, ajeno a la política y a presiones de cualquier tipo. ¿Cómo sino supervisar Entidades públicas, cursar denuncias a la Contraloría, sancionar contratistas, pronunciarse sobre la legalidad de una licitación o sobre el recurso de una empresa nacional o extranjera?

Al margen de modificaciones de fondo que deberían darse para asegurar la independencia de un organismo supervisor, es imperativo por el asunto que se toca, deslindar y establecer responsabilidades, no solo por lo indicado sino también para proteger a la propia Entidad de aquellos que quisieran, por ignorancia o intereses personales, desaparecerla, asimilarla a un ministerio o reducirla a lo mínimo.

La labor del OSCE no ha sido óptima y eso desde hace mucho, en la mayoría de casos no por sus funcionarios sino por las normas que estos deben administrar luego que las reformas por ellos propuestas, gobierno tras gobierno, se modificaban o suprimían de un plumazo por la "erudición y especialidad" de algunos congresistas o por cuestiones políticas del ejecutivo o la sabiduría teórica de funcionarios del MEF y de la PCM, en su oportunidad. Sobre la coyuntura, por transparencia, oportunamente, el OSCE debe informar que sucedió y lo que previsiblemente sucederá en líneas generales.

Nosotros mientras tanto preguntamos: ¿Se suscribió el contrato? ¿Debe resolverse si fuese el caso? ¿Está prevista una resolución sin expresión de causa? ¿Existe una penalidad?


¿ Se verificó un pago adelantado? ¿Conviene un arbitraje sin tener fundamentos legales que avisoren una demanda fundada? ¿Conviene una conciliación? ¿Si es así, la autoridad que viene, la suscribiría? Terminamos como empezamos, con los principios. Cualquier decisión pasa por la aplicación de los mismos; proporcionalidad, razonabilidad, cumplimiento de finalidades públicas. Ello por la ley, por la Institución que debe dar el ejemplo, por los funcionarios de carrera y por el interés público.

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